DE FONDO
Fernando Díaz de León Cardona
Pese al nerviosismo existente en el mercado cambiario, la Reforma al Poder Judicial de la Federación va. Desde luego que no será la actual legislatura la que discuta y saque adelante la iniciativa presidencial aun vigente, sino que será la siguiente legislatura federal la que vendrá a darle forma y fondo.
Esto hubiese sido impensable si en las Cámaras de Diputados y Senadores no existiera mayoría calificada, sin embargo, el resultado de las elecciones del 2 de junio, colocaron en su justa dimensión y en perspectiva la imprescindible reforma que se requiere en uno de los poderes que a decir del presidente AMLO está secuestrado por la derecha en México.
Obviamente que aparte de la angustia manifestada en los mercados, principalmente por el valor de nuestro peso frente al dólar, la inquietud mayor se siente hacia el interior de un Poder que venía frenando todas las iniciativas presidenciales y que aparte de obstruir el proceso democrático en el país, los señores magistrados y jueces federales se habían convertido en legisladores.
Desde la Cámara de Diputados, uno de los principales hacedores e impulsores de las iniciativas presidenciales, lo fue justamente el diputado federal potosino Juan Ramiro Robledo Ruiz, que preside la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El legislador, si bien es cierto que el poder local lo ve extraño y con recelo, nadie le puede negar el mérito de su trabajo legislativo y del impulso que dio a las reformas que vienen.
En realidad, nadie se imagina el porque de la incertidumbre en el mercado cambiario presuntamente existente por las Reformas al Poder Judicial.
El hecho de proponer que el Consejo de la Judicatura sea una entidad totalmente independiente de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es motivo ni argumento como para ponerse nerviosos.
Por otro lado, el acotar las facultades extralimitadas o interpretativas de la ley a jueces y magistrados, colocándose a veces por encima de la propia Constitución, es algo que se tiene que hacer pues un Poder no puede ni debe estar por encima de otro Poder, en este caso del Poder Legislativo que tiene la atribución constitucional de proponer, enmendar y rectificar y adecuar la Constitución.
Con la mano en la cintura y sin existir poder alguno que se opusiera o pudiera dar marcha atrás a las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se dio para atrás a obras importantes y se frenaron algunas iniciativas de reformas constitucionales importantes como la presentada para la Industria Eléctrica, al INE, así como a la CEGAIP, entre otras.
Con la Reforma que se aproxima, tal vez se cumpla el propósito de que sea el pueblo y no por propuesta del Ejecutivo Federal o de la SCJN quien elija a jueces y magistrados.
¿Que nadie los conoce? pues eso es muy obvio, salvo los ministros de la SCJN son medianamente conocidos por que los vemos televisión, de ahí en fuera, ¿Quién conoce a los jueces federales o de distrito?, me refiero a Juan Pueblo.
Si ello prospera, ese puñado de burócratas al servicio de intereses mezquinos, tendrán que hacer campaña como todo mortal candidato a alguna posición y habrá que delinearse algún mecanismo de selección y elección para que sea el pueblo quien los nombre.
Así sucede en otras partes del mundo y México no tiene que ser la excepción. Así como se vota por presidente de la República, por Senadores y Diputados, los más democrático es que también se vote y se elijan a los integrantes del Poder Judicial, ¿o no?
Desde luego que las reformas que inevitablemente se vienen, tendrán que bajar o aterrizar en las Constituciones locales para que sea el pueblo y no el gobernador quien determine quien si o quien no asuma una posición en el Poder Judicial del Estado. Esperemos que esto suceda.
Hasta pronto
