Rebelión Indígena

Si para algunos funcionarios del gobierno del estado y diputados al Congreso local no es preocupante la inconformidad de los pueblos indígenas que argumentaron abiertamente  haber sido  excluidos en la integración del Plan Estatal de Desarrollo, para el gobernador Juan Manuel Carreras se convirtió ya en una neuralgia difícil de sanar.

La incursión de miembros de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina, justo cuando se desarrollaba el Seminario Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas, evento que fue encabezado por el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, debiera invitar a la reflexión para saber qué fue lo que sucedió y rectificar.

De origen, el Plan Rector que plasma los grandes objetivos del desarrollo de la entidad potosina nació cojo y adoleció de fuertes inconsistencias desde su preparación misma. Las primeras denuncias presentadas por los representantes indígenas fueron objeto de manipulación, desdén y politización de un tema que para las regiones indígenas es sagrado, es decir, el respeto universal al derecho de no ser excluidos de los programas y acciones del gobierno.

El que los líderes indígenas se hayan postrado, reclamado y dar la espalda a un  presídium encabezado por el Ombudsman nacional y el propio gobernador del estado es porque el asunto es más grave de lo que imaginamos. Existe irritación y coraje en las comunidades indígenas por la forma desaseada, torpe y burda con la que se prepararon y condujeron los trabajos de la Consulta Indígena para la elaboración del PED.

La realidad es que no existió como tal una Consulta a los Pueblos Indígenas para integrar el PED. Los responsables de su formulación, el Secretario de Finanzas, José Luis Ugalde Montes y su Director de Planeación Manuel Algara Cossio, hicieron las cosas pesimamente mal desde un principio y solo plasmaron pegotes a un documento, simulando una Consulta que demostrado quedó se había hecho durante el sexenio anterior.

Al gobernador Carreras se le advirtió en tiempo y se le puso del conocimiento de que no solo había serias inconsistencias en la formulación del Plan Estatal de Desarrollo, sino que además se le anticipó de que los Pueblos Indígenas recurrirían al imperio de la Ley para hacer valer sus derechos, desafortunadamente no escucho o no quiso escuchar los riesgos que se correrían en la vía de los Amparos.

Lo ocurrido el pasado jueves en el marco del Seminario Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas, no debe, en su sano juicio soslayarse o minimizarse. Los representantes de nuestras comunidades autóctonas dieron muestra de que no están dispuestos a seguir siendo ninguneados por un mestizaje racista o por una clase política dominante insensible.

Puede que atrás de la manifestación de inconformidad existan ocultos intereses en manipular a los pueblos indígenas, no se duda, pero no hay que olvidar que así comenzó la insurgencia en el Sureste de México, de tal manera  que el gobierno estatal no puede ni debe actuar socarronamente ante un conflicto real que podría alcanzar dimensiones insospechadas, y para empezar, deberá reconocer que se equivocó en la integración de PED. Hasta pronto

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