El proyecto corre a cargo del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, en respuesta a la sentencia condenatoria emitida por la Corte IDH

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará un proyecto que propone inaplicar la prisión preventiva oficiosa, negar las órdenes de arraigo y abrir una investigación independiente en los casos en los que se denuncie tortura.

El proyecto corre a cargo del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, en respuesta a la sentencia condenatoria emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el Caso García Rodríguez y Otro vs México.

La Corte Interamericana encontró a México responsable por la violación de diversos derechos de dos hombres a quienes las autoridades judiciales enviaron a prisión preventiva oficiosa por 17 años y que además sufrieron torturas en el periodo que estuvieron detenidos.

Condenó así, al Gobierno de México, por el uso de la prisión preventiva oficiosa y le ordenó adecuar su ordenamiento jurídico para hacerlo compatible con la Convención Americana.

En su proyecto, el ministro Pardo Rebolledo propone que todos los jueces del país, independientemente de su fuero, ejerzan un control de convencionalidad ex oficio de la figura de arraigo prevista en el artículo 16, párrafo octavo, de la Constitución Federal, así como de los artículos previstos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, debiendo negar la imposición de la medida.

Asimismo, que los jueces ejerzan un control de convencionalidad ex oficio de la figura de prisión preventiva oficiosa, prevista en el artículo 19 de la Constitución, para inaplicarla por resultar contraria a los derechos a la libertad personal, a la presunción de inocencia y a la igualdad ante la ley.

En el caso de que algún detenido denuncie tortura, se deberá someter a evaluación médica a la persona con un especialista que no tenga vínculos con las autoridades penitenciarias o de detención.

Los jueces no podrán desentenderse de una denuncia de tortura frente a la cual actúan como jueces de garantía de las personas sometidas al proceso”, sostiene la propuesta.

Discutido el asunto, la Suprema Corte procederá a analizar los amparos donde se impugna la prisión preventiva oficiosa.

Con información de Milenio