LO QUE VERDADERAMENTE IMPORTA
Por Mtra. Fanny Elizabeth Omaña Castellanos
Periodista | Especialista en Derechos Humanos | Educadora
Hay cosas que una no conoce porque se las contaron. Las conoce porque las estudió, porque las trabajó, porque recorrió kilómetros con la ley bajo el brazo y porque dejó años de su vida tratando de que quienes tienen una responsabilidad dentro del sistema educativo conocieran exactamente qué hacer.
Por eso hoy no puedo guardar silencio.
Durante las últimas semanas hemos escuchado hablar de la restricción del uso de teléfonos celulares en las escuelas como si en 2026 alguien hubiera descubierto, de pronto, que estos dispositivos pueden interferir con el aprendizaje y que su utilización dentro de los centros educativos necesita reglas.
No. Esto no comenzó en 2026.
Y no lo digo desde la memoria imprecisa ni desde una postura partidista. Lo digo porque los documentos existen, las leyes existen y porque durante más de una década participé personalmente en su difusión y capacitación en San Luis Potosí.
Capacitamos a docentes, directivos, supervisores y jefes de sector de siete niveles educativos; trabajamos con figuras de CONAFE, con escuelas públicas y privadas, y también con una parte importante de la educación superior del estado. Recorrimos San Luis Potosí hablando de prevención, seguridad escolar, derechos de niñas, niños y adolescentes, responsabilidades de las autoridades educativas, convivencia y procedimientos de actuación.
Lo hicimos con la ley en la mano. No estábamos improvisando. Había leyes, obligaciones, procedimientos, acuerdos y una política pública que debía mantenerse, evaluarse, actualizarse y aplicarse.
Una historia que no comenzó ayer
En 2013, San Luis Potosí expidió la Ley de Prevención y Seguridad Escolar del Estado y Municipios. Fue aprobada el 4 de septiembre y publicada el 12 de octubre de ese año. Desde entonces existía un marco jurídico específico para establecer acciones de prevención, seguridad y protección dentro de las comunidades escolares.
Por eso desde 2014 ya trabajábamos estos temas.
A nivel nacional también se desarrollaba una política de convivencia escolar. Durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, con Emilio Chuayffet Chemor al frente de la Secretaría de Educación Pública, se impulsó en 2014 la Política Nacional de Convivencia Escolar, con participación de las autoridades educativas de las entidades y con énfasis en prevención de la violencia, derechos humanos, reglas, límites, protocolos y corresponsabilidad de toda la comunidad educativa.
Durante el ciclo escolar 2014-2015 se establecieron los Marcos Locales de Convivencia Escolar, elaborados por las autoridades educativas locales para orientar a las escuelas en la construcción de sus propios Acuerdos Escolares de Convivencia. Estos instrumentos buscaban sustituir los antiguos reglamentos escolares por modelos orientados hacia una convivencia democrática, inclusiva y pacífica.
No es interpretación. Está documentado.
En marzo de 2015, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de la Dirección de Educación Básica, emitió el Marco Local de Convivencia Escolar del Estado de San Luis Potosí.
Y ese Marco no fue elaborado para adornar escritorios. Debía servir como referente para que cada comunidad educativa construyera sus Acuerdos Escolares de Convivencia, definiera reglas claras, estableciera responsabilidades y tradujera las disposiciones jurídicas en acciones concretas para la vida diaria de los planteles.
Y sí: el celular ya estaba ahí
El Marco Local de Convivencia Escolar de San Luis Potosí de 2015 ya contemplaba expresamente el uso de dispositivos tecnológicos. En educación primaria establecía como falta utilizar dentro de la escuela y del salón de clase, sin autorización, equipos o accesorios como el teléfono celular y otros dispositivos de comunicación y entretenimiento.
En secundaria también se regulaba el empleo de tecnologías cuando fueran utilizadas para actividades sin propósitos formativos acordes con los objetivos de la educación básica.
Hace más de una década, por tanto, ya se entendía algo que ahora algunos parecen presentarnos como descubrimiento: una cosa era utilizar la tecnología con finalidad educativa y otra muy distinta permitir un uso indiscriminado que interfiriera con el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Pero todavía falta una parte fundamental de esta historia.
Posteriormente esa regulación llegó a la propia Ley de Educación del Estado.
Mediante una reforma publicada el 13 de marzo de 2018, se adicionó un párrafo al entonces artículo 91 TER de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí. La disposición facultó a los consejos escolares para acordar medidas para limitar o restringir el uso de dispositivos móviles dentro del aula cuando su utilización fuera diferente de las actividades académicas e interfiriera con el aprendizaje.
No estamos hablando solamente de un acuerdo interno, de una recomendación, de una circular o del criterio particular de un director.
Estaba en la Ley de Educación.
Y vale la pena repetir la fecha:
2018. No 2026.
El derecho a la tecnología también estaba legislado
Al mismo tiempo, México avanzaba en otra dirección que tampoco podemos ignorar.
En junio de 2018, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes incorporó expresamente el Derecho de Acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación. Los artículos 101 Bis, 101 Bis 1 y 101 Bis 2 reconocieron el derecho de niñas, niños y adolescentes al acceso universal a las tecnologías, a la inclusión digital y al acceso y uso seguro de internet.
¿Significa eso que un estudiante puede utilizar su celular cuando quiera, como quiera y para lo que quiera durante una clase?
Por supuesto que no.
Significa algo mucho más complejo: que el trabajo educativo nunca debió limitarse simplemente a quitar un aparato. El verdadero reto era —y sigue siendo— enseñar a utilizarlo con responsabilidad.
Acceso, educación, prevención, seguridad, responsabilidad y límites. Todo eso ya estaba sobre la mesa.
Entonces llegamos a 2026
Y aquí debemos ser muy precisos.
El propio artículo 60 de la actual Ley de Educación del Estado ya había sido modificado en febrero de 2026 para establecer que las autoridades educativas determinarían el uso complementario del celular y otros dispositivos electrónicos como material educativo de apoyo para la enseñanza y el aprendizaje en educación básica, así como los lineamientos para su aplicación dentro de la jornada escolar.
Posteriormente, el 30 de septiembre de 2026, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad una nueva reforma al artículo 60 para establecer la restricción, durante toda la jornada escolar, del uso personal y no pedagógico de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos personales en los servicios de educación básica.
La reforma conserva excepciones cuando exista una finalidad pedagógica determinada por el personal docente, ante emergencias, por razones de salud o cuando la utilización del dispositivo sea necesaria para garantizar derechos reconocidos jurídicamente.
Que quede claro: la reforma actual sí amplía el alcance de la regulación, porque extiende la restricción del uso personal y no pedagógico a toda la jornada escolar.
Eso sí es nuevo.
Lo que no es nuevo es descubrir que los celulares necesitan regulación dentro de los centros educativos.
Eso ya estaba trabajado, normado, llevado a las escuelas e incluso incorporado a la Ley de Educación del Estado.
Y ahí comienza mi cuestionamiento.
¿Cuánto nos cuesta olvidar nuestra propia historia?
El Congreso del Estado funciona con recursos públicos. La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado funciona con recursos públicos. Las iniciativas legislativas, las comisiones, los asesores, los estudios, los dictámenes y toda la estructura gubernamental que rodea una modificación legal se sostienen con dinero público.
Entonces los ciudadanos tenemos derecho a preguntar: ¿cuánto nos cuesta volver a legislar sobre asuntos que el propio Estado ya había legislado?
¿Se revisó el artículo 91 TER de la anterior Ley de Educación? ¿Se revisó el Marco Local de Convivencia Escolar de 2015? ¿Se estudió lo que durante años trabajaron las escuelas? ¿Se evaluó qué funcionó y qué dejó de funcionar? ¿Se investigó qué ocurrió con la capacitación? ¿Se revisó por qué los Acuerdos Escolares de Convivencia, concebidos como herramientas vivas, en muchos casos terminaron reducidos a documentos administrativos?
Porque ésa también es responsabilidad de gobernar.
No basta con producir leyes. Hay que estudiarlas, conocerlas, aplicarlas, evaluarlas, actualizarlas y darles continuidad.
Desde mi experiencia, ahí está uno de nuestros grandes problemas: cada administración parece sentirse obligada a comenzar nuevamente la historia.
Y no.
La historia institucional de San Luis Potosí no comenzó con el gobernador en turno. Tampoco comenzó con la actual Legislatura.
Yo estuve ahí
Ésta es la parte que escribo en primera persona porque nadie tiene que contármela.
Yo estuve ahí.
Recorrí el estado capacitando. Trabajé con docentes, directores, supervisores, jefes de sector y personal de siete niveles educativos. Trabajé con CONAFE, con instituciones públicas y privadas, y también participé en la capacitación de una parte importante de la educación superior de San Luis Potosí.
No fueron unas cuantas pláticas. Fueron años.
Años explicando leyes, insistiendo en prevención y señalando responsabilidades. Años diciendo que un acuerdo de convivencia no sirve si se queda guardado. Años explicando que el maestro debe conocer qué hacer ante una situación de violencia y que los directores deben saber actuar. Años trabajando con supervisores y jefaturas porque la responsabilidad no termina en la puerta del salón.
Por eso me resulta imposible aceptar que hoy se nos presente todo esto como si acabáramos de descubrirlo.
Los acuerdos tenían que vivir dentro de las escuelas
Un Acuerdo Escolar de Convivencia nunca debió ser una hoja que se entrega al comienzo del ciclo escolar para conseguir una firma y después desaparecer en una carpeta.
Debía revisarse, actualizarse y explicarse a los estudiantes. Debía darse a conocer a madres y padres de familia. Debía trabajarse con docentes y directivos. Y debía existir acompañamiento desde supervisiones, jefaturas de sector y autoridades educativas.
Porque cuando aparece una situación de violencia, acoso, abuso, maltrato infantil, riesgo digital, autolesión, amenaza o cualquier otra circunstancia que ponga en peligro a un estudiante, no es el momento de comenzar a buscar qué dice la ley.
La comunidad educativa debería haber sido capacitada antes.
Ésa es la prevención.
Una ley guardada en un archivero no protege a ningún niño. Un protocolo que nadie conoce tampoco. Y una nueva reforma sirve de poco si después la autoridad no capacita, no acompaña, no supervisa y no verifica su cumplimiento.
La propia Ley de Prevención y Seguridad Escolar ha seguido reformándose. Incluso en 2023, el Congreso volvió a establecer responsabilidades para que los planteles instrumentaran protocolos de protección, prevención y seguridad escolar y para que estas medidas fueran conocidas desde el inicio del ciclo escolar.
Entonces vuelvo a preguntar:
¿Qué estamos haciendo con las leyes que ya tenemos?
Estudiar antes de legislar
Mi crítica es directa.
Quienes ocupan una curul tienen la responsabilidad de conocer el marco jurídico sobre el que legislan. Quienes dirigen las instituciones educativas tienen la obligación de conocer las disposiciones que deben aplicar. Y quienes asesoran, diseñan políticas públicas o elaboran iniciativas deberían revisar los antecedentes antes de presentar como novedad aquello que tiene una historia normativa previa.
No porque yo lo diga.
Porque ejercen una responsabilidad pública y porque los ciudadanos pagamos esa estructura.
No podemos normalizar que cada gobierno llegue, borre de un plumazo lo anterior, cambie el nombre de una política, presente nuevamente una obligación existente y después coloque una placa imaginaria que diga:
“Esto lo hice yo”.
No.
La Constitución no pertenece a un gobernador. Las leyes no pertenecen a un diputado. La educación no pertenece a un partido político.
Las instituciones pertenecen a la sociedad y deben conservar memoria.
Sí hay que actualizar; no hay que borrar
Por supuesto que las leyes deben actualizarse.
Han cambiado las tecnologías, las redes sociales y la velocidad con la que nuestros estudiantes producen, reciben y comparten información. Apareció la inteligencia artificial y surgieron riesgos digitales que hace diez años no tenían las dimensiones actuales.
Por eso era perfectamente válido revisar y ampliar la regulación.
Pero actualizar no significa fingir que antes no existía nada.
Una política pública responsable debería comenzar preguntándose: ¿qué teníamos?, ¿qué funcionó?, ¿qué dejó de funcionar?, ¿por qué?, ¿qué debemos conservar?, ¿qué necesitamos modificar?, ¿quién requiere capacitación?, ¿cuánto costará? y ¿cómo evaluaremos los resultados?
Eso es gobernar con memoria.
Lo otro es administrar anuncios.
Y a mis compañeros del sector educativo les digo algo
Abramos los ojos.
Volvamos a leer nuestras leyes. Saquemos nuevamente nuestros Acuerdos Escolares de Convivencia. Preguntemos cuándo se actualizaron por última vez. Exijamos capacitación. Conozcamos nuestras responsabilidades, pero también nuestras facultades y nuestros derechos.
No esperemos a que cada nuevo gobierno nos anuncie qué debemos hacer como si la educación comenzara nuevamente cada seis años.
La protección de nuestros estudiantes no comenzó en 2026. La convivencia escolar no comenzó en 2026. La regulación del uso no académico de los dispositivos tampoco comenzó en 2026.
Llevamos más de una década construyendo esta historia.
Muchos recorrimos escuelas, capacitamos, estudiamos las leyes y dejamos años de nuestra vida en ello.
Y eso merece respeto.
Que quienes hoy gobiernan y legislan tomen la Constitución y las leyes con respeto, las estudien, conozcan su historia y cumplan primero aquello que ya mandatan antes de presentarnos el pasado como una conquista recién descubierta.
Porque un país que permite que cada administración borre lo que hizo la anterior está condenado a comenzar siempre desde cero.
Y la educación de nuestros niños y jóvenes es demasiado importante para seguir comenzando desde cero.
Eso también es memoria. Eso también es responsabilidad pública. Eso también es educación.
Y eso es, hoy más que nunca… lo que verdaderamente importa.
