Este miércoles 31 de julio, la senadora Leonor Noyola expondrá en el Senado de la República una denuncia contra la Minera San Xavier, a fin de pedir la intervención inmediata de la SEMARNAT y la PROFEPA.
La legisladora federal por el PVEM informó que dará a conocer a la Comisión Permanente del Senado las graves violaciones que la empresa canadiense está cometiendo en Cerro de San Pedro y Soledad de Graciano Sánchez.
Noyola Cervantes recordó que la citada trasnacional tiene ya dos décadas de actividad en Cerro de San Pedro, afectando de manera grave el entorno, pero que también a ultimas fecha ha invadido terrenos pertenecientes al municipio soledense.
Detalló que esto sucede sin que dicha trasnacional tenga los debidos permisos municipales ni las revisiones de carácter federal.
“Esta situación ilegal, ha ocasionado daño ambiental a flora y fauna de esta zona serrana, por lo que Soledad, en días pasados, hizo el exhorto a la empresa a acercarse a las oficinas municipales, de manera que se pueda resarcir el daño, sin embargo, la respuesta ha sido nula”, detalló la legisladora.
Por ello, añadió, solicitará a la Comisión permanente del Senado, exhortar al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que se realicen las visitas a las instalaciones de la empresa minera, y se verifiquen las condiciones de impacto ambiental de la misma.
Por otro lado, informó que en la misma sesión del Senado dará a conocer el caso de la abogada Teresa Carrizales, a fin de que la Comisión Permanente de esa Cámara Alta se pronuncie sobre tales hechos.
Dijo que se pedirá la destitución de los funcionarios municipales responsables de la violencia ejercida contra la citada oficial del Registro Civil, el castigo a los autores materiales e intelectuales de las agresiones que sufrió, y una disculpa pública de parte del presidente municipal Xavier Nava Palacios para la funcionaria agraviada.
Por último, Noyola precisó que se expondrá cómo la oficial del Registro Civil fue desalojada el 2 de julio de la Oficialía 11, y violentada en sus derechos laborales y humanos por dar a conocer la corrupción y la malversación de fondos que se da en el Ayuntamiento de la Capital.
