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San Luis Potosí

Juez que no se actualiza, es menos confiable

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domingo, marzo 3, 2024

Recientemente el licenciado Felipe Aurelio Torres Zúñiga tomó protesta como nuevo presidente de la Asociación de Jueces del Poder Judicial, nombramiento que ejercerá durante dos años con la finalidad de tener un mejor grupo de jueces en San Luis Potosí, su principal interés es que los jueces estén más capacitados acorde a las necesidades de los ciudadanos.

En entrevista exclusiva para La Voz mencionó el nuevo presidente: “Los proyectos que se tienen para la Asociación de Jueces del Poder Judicial es constituir nuestro domicilio, todos los jueces y la directiva reconocemos que es indispensable para que de ese acto se puedan hacer subsecuentes acciones por ejemplo la creación de una cuenta de ahorro”.

Es una cuenta de ahorro que saldrá únicamente de las aportaciones de los socios jueces, parte de esas aportaciones se aplicarán en proyectos de capacitación, otra para apoyo de los propios compañeros debidamente concesados en la asamblea general, que se decida destinar para determinado ramo.

“La capacitación continua con ponentes muy actualizados nos dará un beneficio real y directo, eso nos dará un gran beneficio a todos los juzgadores. Traeremos ponentes de materia penal, familiar, mercantil, civil y laboral que ya va al área del poder judicial”.

En San Luis somos ocho jueces penales tradicionales. Viene otra etapa en el juicio ejecutivo mercantil que a partir del 25 de enero de 2018 se convierte también en juicios orales. El juicio mercantil ejecutivo es el de mayor carga en la materia civil. Informó el Juez.

Mencionó además el Juez: “El Consejo de la Judicatura se ha encargado de impartir los cursos de capacitación necesarios para que el personal de manera voluntaria, aquellos que tienen interés en adquirir los conocimientos, vaya accediendo a esas capacitaciones y pueda ser factible su ingreso de manera formal, real con posibilidades a los concursos por oposición que celebra el propio consejo”.

Por su parte el licenciado Jorge Eduardo Ríos Betancourt tercer vocal de la Asociación comentó: “El Consejo de la Judicatura, se ha encargado de impartir los cursos de capacitación necesarios para que el personal de manera voluntaria aquellos que tiene interés en adquirir posconocimientos vaya accediendo a esas capacitación es y pueda ser factible su ingreso de manera formal, real a los concursos por posición que celebra el propio Consejo”.

“La nueva Ley de Juicio Oral en mi opinión muy personal es una cuestión que va a llevar mucho tiempo, primero tiene que entenderse culturalmente, es un cambio de paradigma que tiene que trascender a todos los ámbitos de la sociedad, a los justiciables, principalmente entender que bajo este sistema no cabe esa postura que puede ser legítima de tener siempre al imputados en prisión”.

Es una idea generalizada que debe de irse difuminando, diluyendo en este nuevo sistema, que todo imputado tiene que pagar con cárcel, ese es uno de los cambios principales que tiene este nuevo sistema y que sin duda alguna nos va a llevar tiempo como sociedad el comprender.

Profundizó diciendo: “Otra idea pegado a ello, es el cambio de actitud de los postulantes en el foro potosino que tenemos que comprender de bien a bien, cuál es la nueva mecánica de este nuevo sistema, cuáles son esos recovecos en materia jurídica que hay que atender, para poder satisfacer en todo caso, la acción conectiva del estado, la pretensión de las víctimas, pretensión de los imputados, bajo este sistema se tiene que privilegiar en demasía los medios alternos de solución de conflictos para evitar que llegue todas las causas penales ante la autoridad jurisdiccional y se siga un procedimiento, que si bien acorta mucho los tiempos respecto de a cómo eran los procedimiento antes, pues sin duda implica ese lapso considerable para dirimir las controversias.

Ya para concluir dijo: “El llevar a alguien la cárcel muchas veces poco soluciona, a veces empeora la situación de las personas que cometieron algún delito. Lo que se procura es que la víctima tenga la reparación del daño, que se le reintegré aquello que se le quitó o perdió de manera integral y que el delincuente entienda y asuma su responsabilidad y se reincorpore a la sociedad de buena manera.

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