DE FONDO
Fernando Díaz de León Cardona
Tras varias reacciones derivadas del contenido de las Columnas Trazos y Sombras y Voces de San Luis, publicadas en este medio el 6 de mayo, en el sentido de que hace falta una Ley que contemple filtros para quienes aspiren a un cargo de elección popular, desde luego que me refería a extender el debate y el análisis de la propuesta.
Por principio de cuentas, sostengo que el problema de la infiltración o presencia del crimen organizado en las estructuras de gobierno, procuración de justicia, corporaciones de seguridad y otros espacios administrativas es real, y que justo por ello se precisaba ampliar la iniciativa para prevenir y limpiar lo que todo mundo sabe que existe en áreas estratégicas de los gobiernos federal, estatales y municipales.
Presentar una iniciativa que considere aplicar exámenes de control y confianza a los aspirantes a un puesto de elección popular, insisto, no es mala idea, siempre y cuando la propuesta no se traduzca en descalificar, ejercer presión o control sobre personajes que el gobierno estima son sus principales adversarios para el 2027.
Así, y luego de observar algunas reacciones, en el sentido de que dicha propuesta presentada por el diputado Héctor Serrano Cortes, tiene como fin, – según algunos analistas, políticos y medios, buscar ejercer el control político erigiéndose en juez y parte el gobierno estatal o federal para admitir una candidatura, pues por supuesto que me parece un despropósito y una intención política perversa.
Bien recuerdo cuando el prestigiado abogado Director de la Facultad de Derecho, Héctor Aldasoro Velasco, me dijo alguna vez: “El Estado no se puede convertir en el gran lenon o en principal proxeneta”.
Viene este pasaje porque hace tiempo se trato de crear la zona de tolerancia en San Luis Potosí, de tal manera que, efectivamente el
gobierno del estado no se puede convertir en juez y parte; en todo caso debería ser la autoridad electoral la que objetiva y responsablemente determine quién sí o quien no puede participar en una elección, pero no el Estado.
Muchos observan con buenos ojos la iniciativa, empezando por el gobernador y varios diputados, pero otros tantos, que no son pocos, señalan que la intención del Congreso del Estado con “La Ley Serrano” pretende impedir o desprestigiar a algunos aspirantes, es decir, que la propuesta lleva desde ahora dedicatoria para algunos y tiene la intención de controlar el proceso antes del día de la elección.
A simple vista, y a como está planteada la propuesta, todo parece apuntar que la idea es descalificar antes de tiempo a figuras que les resultan incómodas o un peligro real para la continuidad del proyecto. Si esto es así, lo más probable es que se deseche, o bien – que se abran espacios para la movilización social verdadera, no a simples declaraciones de los actores políticos.
Si en realidad el gobierno de Gallardo desea que no ocurra en San Luis Potosí lo que sucedió en Tequila Jalisco, en Sinaloa y en otras muchas partes, tan sencillo como que envíe señales de querer recomponer una situación que hoy por hoy es inocultable en algunos municipios. Empezar a hacerlo antes de la elección sería un antecedente ejemplar.
ENTRE PARENTESIS
Vuelvo a insistir en que aún falta tiempo para muchas definiciones de tipo político, pero lo que si podemos augurar, y todo por el caso Sinaloa, es que a los candidatos de MORENA, sin excepción, les endilgarán ser los candidatos del narco y, para defenderse, por lo menos en San Luis Potosí, dirán que votar por el Verde será tanto como estar en contra de la presidenta Claudia Sehinbaum…. Al tiempo
Hasta pronto
