La esposa del depuesto Nicolás Maduro alega que su salud se ha agravado notablemente y los médicos de la prisión le han recomendado un cateterismo cardiaco, pero ella se ha negado hasta que tenga garantías de una recuperación posoperatoria fuera de la cárcel
EFE.- Cilia Flores, esposa del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, asistirá mañana jueves a una vista ante el juez Alvin Hellerstein, en la Corte de Distrito Sur de Nueva York, y su defensa insistirá que se le conceda la libertad bajo fianza y sea trasladada a arresto domiciliario, tras alegar un delicado y progresivo deterioro de su salud cardiaca.
Flores, de 69 años, permanece recluida en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn desde su captura y traslado junto a Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.
Según los últimos escritos remitidos al magistrado por su equipo legal, la salud de Flores se ha agravado notablemente durante sus meses en prisión, donde comparte unidad con más de 40 reclusas en un entorno que consideran contraproducente para cualquier recuperación médica.
Entre sus alegatos clínicos, la defensa sostiene que Flores ha sufrido taquicardia ventricular, episodios de intensa opresión torácica, una pérdida de más de 10 kilos de peso y de dos piezas dentales, además de no haber recibido el tratamiento inyectable periódico que controlaba un prolapso de la válvula mitral.
Aunque los médicos de la prisión han recomendado practicarle un cateterismo cardiaco, Flores ha pospuesto someterse a este procedimiento invasivo hasta contar con las garantías de una recuperación posoperatoria adecuada fuera de las instalaciones penitenciarias.
Por su parte, la fiscalía de Estados Unidos se opone con firmeza a cualquier medida de excarcelación. Los fiscales sostienen que Flores ha «creado una dificultad médica» al rechazar los diagnósticos sugeridos y argumentan que representa un riesgo de fuga «extremo» debido a sus conexiones, su falta de estatus o lazos en Estados Unidos y la presunta disponibilidad de recursos económicos.
Asimismo, la fiscalia alega que su liberación implicaría un peligro para la seguridad pública, ante la posibilidad de que intente comunicarse con colaboradores en Venezuela o intervenir sobre testigos del caso.
Frente a la tesis de la fiscalía, la defensa asegura que Flores carece de fondos propios y propone un estricto paquete de seguridad privada financiado por el Estado venezolano, vigilancia mediante brazalete GPS, monitoreo de comunicaciones intervenidas y visitas restringidas en una residencia en Nueva York cuya dirección se presentó bajo reserva al tribunal.
Flores y Maduro enfrentan acusaciones federales por delitos relacionados con el narcotráfico y la tenencia de armas. Flores está acusada de conspiración para importar cocaína y de delitos relacionados con armas, mientras que Maduro afronta además un cargo de conspiración de narcoterrorismo.
Con información de Latin Us
