El presidente de la Coparmex San Luis Potosí, Jaime Chalita Zarur, afirmó que el sindicato patronal rechaza un nuevo intento por regularizar los denominados autos “chocolate”, a través de un engomado que les permita circular libremente a nivel nacional.
“Nuestro más enérgico rechazo a estas medidas de clara orientación política. Hacemos un llamado a las autoridades que han impulsado la regularización de vehículos introducidos ilegalmente para que reconsideren y desistan de ese propósito”, indicó.
El empresario recordó que la industria automotriz es una parte vital de la economía de nuestro país, pues representa casi el 3% del PIB nacional y provee empleo a casi dos millones de personas.
“También es un referente a nivel internacional: 4 de cada 100 vehículos que se producen en el mundo son ensamblados en México. Somos el mayor productor de vehículos en América Latina y el séptimo del mercado mundial”, apuntó.
Jaime Chalita Zarur dijo que durante el último año, la industria automotriz de México ha sufrido fuertes golpes, pues en el primer semestre de 2018, la venta de autos ligeros disminuyó en un 8% y la venta de vehículos pesados decreció en un 9%.
“Las tres marcas con mayor presencia en México también experimentaron una caída considerable en sus ventas: 16% para Nissan, 13.2% para General Motors y 22% para Volkswagen”, detalló.
El presidente de la Coparmex San Luis Potosí manifestó que la introducción ilegal hacia territorio mexicano de autos “chatarra”, a los que por su antigüedad y obsolescencia tecnológica, ya no les es permitido circular en los Estados Unidos, compromete la seguridad vial en calles y carreteras, y desde luego, pone en riesgo la seguridad pública.
“El contrabando de vehículos es frecuentemente ignorado por las autoridades federales, y su libre circulación solapada por muchas autoridades locales y municipales, contribuyendo con esas omisiones, al debilitamiento del mercado interno y del sector automotriz”, consideró Jaime Chalita Zarur.
Por este motivo, dijo, la regularización de los vehículos usados, internados como contrabando, tiene el potencial de agravar la situación que hoy atraviesa la industria automotriz mexicana.
