El Congreso del Estado no está ajeno a intervenir ante cualquier irregularidad que se pueda presentar ante la entrega de los apoyos de los programas sociales, pues estos deberán ejecutarse bajo una dinámica de equilibrios y no bajo un interés político electoral, señaló el secretario de la Comisión Segunda de Desarrollo Municipal de la LXII Legislatura diputado Martín Juárez Córdova.
Consideró que para evitar el uso incorrecto en la entrega de los programas sociales, es necesario que las autoridades de los tres niveles de gobierno, establezcan con claridad las reglas de operación, tomando en cuenta que estos apoyos tienen como objetivo primordial generar la ayuda básica a las familias de escasos recursos, bajo una condición de crear mejores oportunidades de vida.
El legislador Juárez Córdova sostuvo que la mejor herramienta para combatir la corrupción en la aplicación de los programas sociales es la denuncia ciudadana, y como tal, se debe promover ante las instancias competentes a fin de que de ningún acto irregular quede en la impunidad.
Insistió en que “ante el inicio en la entrega de programas sociales, tanto del orden federal, estatal o municipal, primero hay que observar las reglas de operación para entender que son para generar equilibrio y no adeptos personales o electorales, porque en ocasiones existen alcaldes que privilegian el interés partidista”.
Destacó que independientemente de la filiación partidista de las distintas autoridades encargadas de ejecutar los programas sociales, “el Congreso del Estado de una u otra forma, si tiene injerencia de intervenir y por lo tanto, habrá que revisar que los programas estén apegados a las reglas de operación y estas generen verdaderos equilibrios y realmente mejoren las condiciones de vida de los beneficiarios en las cuatro zonas del Estado”, agregó.
El Secretario de la Comisión Segunda de Desarrollo Municipal en el Congreso del Estado, diputado Martín Juárez, también recordó que en lo que se refiere a los Ayuntamientos, se cuenta con las Contralorías Municipales que son los órganos encargados de vigilar y en su caso fiscalizar la aplicación de programas a fin de corregir de manera preventiva o denunciar cualquier acto que pueda configurarse como un delito de corrupción.
Reiteró que los programas sociales, deberán entregarse fuera todo sesgo político partidista, pues el fortalecer, el bienestar social es una responsabilidad que deben asumir las autoridades, y “aquellos que no cumplan con esta obligación, no sólo deberán ser denunciados, sino sancionados conforme a la Ley”.
