A propuesta de la diputada Guillermina Morquecho Pazzi, el pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad un Punto de Acuerdo para exhortar a los titulares de las secretarías de Educación y Trabajo y Previsión Social para que, en ejercicio de sus atribuciones y en coordinación con las autoridades federales, establezcan un panorama claro de las cifras exactas de los jóvenes mexicanos que radican en Estados Unidos y que podrían regresar a San Luis Potosí por la política migratoria del gobierno de aquel país, indicando el nivel educativo o productivo al que pertenecen y verificando si el Estado cuenta con la infraestructura para cubrir las necesidades educativas y laborales.

Lo anterior porque si nos adelantamos a la llegada de estos jóvenes, estaremos en posibilidad de instrumentar acciones necesarias y programas para proporcionar asesoría y acompañamiento a todos esos mexicanos que regresarían a San Luis Potosí y que se encontraban bajo la protección del DACA (siglas en inglés de un programa lanzado por el entonces presidente Barack Obama para proteger de la deportación y conceder permisos de trabajo a inmigrantes llevados a Estados Unidos sin autorización cuando eran niños, y conocidos como “dreamers”).

Lo más importante, es implementar programas preventivos para no descuidar o quitar oportunidades a los jóvenes que ya tenemos aquí y que también son merecedores de una oportunidad y del reconocimiento de un derecho; señala el Punto de Acuerdo aprobado.

Agrega, en la exposición de motivos, que en los últimos días hemos escuchado hablar del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, mejor conocido como DACA por sus siglas en inglés, y que consistía en otorgar permisos de estadía y trabajo por 2 años, de carácter renovable, a quienes llegaron a los Estados Unidos de Norte América sin documentos legales, siendo menores de 16 años y que cumplían con algunos requisitos de elegibilidad como:

No haber tenido estatus legal migratorio en EE.UU. antes del 15 de junio de 2012. Haber residido continuamente en Estados Unidos desde el 15 de junio de 2007 y hasta la actualidad. Estar escolarizados o licenciados del ejército. No haber sido condenados por algún delito ni suponer una amenaza para la seguridad nacional.

Es de todos sabido que la nueva administración del gobierno de Estados Unidos ha decidido poner fin a este programa, dejando aproximadamente a 750 mil jóvenes en la incertidumbre ante el riesgo de ser deportados y de los cuales el 76 por ciento son de nacionalidad mexicana.

Es evidente que si esta medida se lleva a cabo, tendríamos un retorno masivo de jóvenes que crecieron y se formaron como estadounidenses, y que hoy pueden ser expulsados de un país que consideraban suyo.

Es importante que como Congreso del Estado nos comprometamos a salvaguardar los derechos humanos de los migrantes mexicanos que son de origen potosino, tomando las medidas necesarias para recibir a los jóvenes que crecieron allá y que hoy pueden ser deportados por una acción gubernamental; sostiene el punto de acuerdo aprobado.