Crispin Ordaz Trujillo, solo denunció a Enrique Flores

Nadie de parte o persona alguna presentó denuncia o querella en contra de J. Guadalupe Torres Sánchez

Tampoco ningún presidente municipal presentó una sola imputación o denuncia contra el Legislador

Luego del video-escándalo protagonizado a mediados de este año, por el diputado del PAN, Enrique Flores y por el actual presidente municipal de Ébano, Crispin Ordaz Trujillo, también del PAN, en el que se ventiló la existencia de una presunta red de corrupción hacia el interior del Congreso del Estado, existen elementos para afirmar que las líneas de investigación fueron ya prácticamente agotadas.

En ellas, se asienta contundente y fehacientemente que; en el caso muy particular el diputado del PRD José Guadalupe Torres Sánchez, no existió ni se encontró ninguna responsabilidad penal, toda vez que NO se presentó de parte o persona alguna una denuncia o querella en su contra, lo que plantea y justifica su regreso al Poder Legislativo para continuar con el mandato popular que le fue conferido.

Lo anterior de acuerdo a los Registros de Actuación que se reproducen a continuación:

Carpeta de Investigación CDI/PGJE/ZC/SLP/14075/17

Denuncia presentada por el C. Crispin Ordaz Trujillo

REGÍSTRO DE ACTUACIÓN 1

28 DE Noviembre del 2017

“Dígasele al compareciente (A J. Guadalupe Torres Sánchez) que de la denuncia formulada por el C. Crispin Ordaz Trujillo dentro de la Carpeta de Investigación, solo se presentó denuncia formal en contra de ENRIQUE ALEJANDO FLORES FLORES, y NO DEL OCURSANTE, además, NO hay otra persona que haya presentado alguna imputación en su contra por medio de alguna denuncia y/o querella por algún hecho que la ley señale como delito y que esté tipificado en el Código Penal Vigente en el Estado”

Lo anterior se acuerda bajo los principios de objetividad y legalidad con los que debe conducirse esta representación social, según los numerales 128 y 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales, asentándose lo anterior para Constancia

Carpeta de Investigación CDI 16475/2017

(Denuncia presentada por Manuel Nava Calvillo y otros)

REGÍSTRO DE ACTUACION 2

28 de Noviembre de 2017

“Dígasele al ocursante (A J. Guadalupe Torres Sánchez) que dentro de la presente Carpeta de Investigación en que se actúa, NINGUNO de los Presidentes Municipales que comparecieron a rendir su

testimonio presentaron alguna denuncia y/o querella en su contra por algún hecho que la Ley señale como delito y que esté tipificado en el Código Penal Vigente en el Estado, Acuerdo que se emite bajo los principios de objetividad, legalidad establecidos en los numerales 128 y 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales con los que se conduce esta Fiscalía. Lo que se asienta para constancia.”

“En vista de que se ha agotado las líneas de investigación y toda vez que esta Representación Social debe de conducirse por los principios del deber de lealtad y objetividad en las investigaciones que realice, deberá pronunciarse sobre el ejercicio o no de la acción penal en contra de los imputados.”

FIRMA

LIC. JOSÉ PÉREZ SAUCEDO

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

En este caso, si no existió evidencia, imputación, denuncia, querella o delito alguno que perseguir en contra del Diputado J. Guadalupe Torres Sánchez, la autoridad competente debió ya pronunciarse en razón de los antecedentes arriba citados.

¿Qué espera la autoridad para hacerlo?, se ignora pero se entiende, y, por salud política y por principio de autoridad debería ya pronunciarse al respecto.

ANTECEDENTES DEL VIDEO-ESCÁNDALO

A mediados de este año, algunos medios locales difundieron un video en el que el ex diputado local Enrique Flores Flores, hablaba de una supuesta complicidad de varios integrantes de la actual legislatura para arreglar presuntas anomalías en las cuentas públicas

de los municipios, esto, presuntamente a cambio de fuertes cantidades de dinero.

En el video donde horas después de su difusión se sabría que el autor de su grabación y filtración habría sido el actual Alcalde panista de Ébano, Crispin Ordaz Trujillo, señalado por un desvío de recursos por cerca de 40 millones de pesos y puesto en prisión tiempo atrás por irregularidades cometidas.

El video en el cuál el ex diputado Enrique Flores, involucró de manera por demás irresponsable a varios diputados, entre ellos a Oscar Bautista Villegas del PRI y a José Guadalupe Torres Sánchez del PRD, se volvió un escándalo.

EL CONTEXTO MEDIATICO

La filtración de la videograbación se dio justo cuando se gestaba y cobraba fuerza a nivel nacional el tema de la anticorrupción.

En San Luis Potosí, el surgimiento del Frente Ciudadano Anticorrupción, organismo conformado por personajes que algunos observadores y analistas pusieron en evidencia la integridad y calidad moral de varios de sus integrantes, se dio precisamente en la coyuntura y encontró eco en algunas plumas, conductores y medios de información, principalmente en aquellos que se habían trazado como consigna dividir, desprestigiar al Congreso y debilitar la gobernabilidad en el estado.

En parte, la intención del Frente Ciudadano Anticorrupción logró su objetivo. Por un lado, este organismo que se ostenta como una expresión de la sociedad civil, abrió la puerta a grupos mercenarios

para ejercer mayor presión en contra del Poder Legislativo y para sumar a la agenda otras intenciones políticas que apuntaban a desgastar al gobierno de la ciudad; hecho tan visible, que ante los ojos de la opinión pública su lucha quedó en evidencia cuando se puso al descubierto el probable financiamiento, aliento y respaldo que estos grupos estarían recibiendo desde el propio gobierno del estado y desde otras esferas del poder.

CONTEXTO POLÍTICO

“Carreras se apanica”

Ante la presión mediática y las manifestaciones violentas, en veces orquestadas desde las entrañas mismas del poder público y desde el ámbito de algunos poderes fácticos, al gobernador Juan Manuel Carreras López le vendieron la idea de que la gobernabilidad en el estado estaba en riesgo y que por lo tanto, la única salida política era presionar a las dirigencias de los partidos PAN, PVEM, PRD y PRI para que los diputados, que el panista Enrique Flores había involucrado en el video, solicitaran licencia, así se hizo.

Y siendo claros, no es que haya sido determinante la presión de algunos grupúsculos a los que se les alentó y se les permitió alterar el orden o reventar sesiones legislativas, sino que la decisión que se tomó, implícitamente se aceleró durante la visita del dirigente nacional del PRI Enrique Ochoa Reza, quien inspirado en el discurso de la anticorrupción no debía observar ni tampoco podían mostrarle un escenario distinto, situación que conllevó a que el diputado, todavía con licencia Oscar Bautista Villegas del PRI presentara su solicitud de licencia.

Luego le siguió el diputado Guadalupe Torres Sánchez del PRD, quien tras haber interpuesto una denuncia ante la Procuraduría General de

Justicia en el Estado (Hoy Fiscalía General) en contra de Enrique Flores, por el solo hecho de haberlo mencionado en el video, decidió separarse temporalmente del Congreso para que en libertad y sin el argumento o pretexto del Fuero Constitucional se llevaran a cabo las investigaciones.

Así sucedió, y como resultado de las indagatorias, es que en realidad nunca existió denuncia alguna en contra de Guadalupe Torres. Ningún presidente municipal ni algún miembro del llamado Frente Ciudadano Anticorrupción presentó alguna querella en su contra según consta en las carpetas de investigación que arriba se hacen referencia. La videograbación Flores-Crispin lo mencionaba, sí, pero desde un inicio ese material fue desechado como elemento de prueba por la propia autoridad judicial.

LAS PIFIAS

El haber convencido a Juan Manuel Carreras López de que la gobernabilidad o su mandato estaba en riesgo, fue la precipitante central de su decisión, al grado que, en Octubre, el propio mandatario reaccionó, reflexionó y consideró viable y conveniente que los diputados Oscar Bautista y Lupe Torres, regresaran a sus curules, lo dijo, convencido porque las carpetas de investigación no habían arrojado ninguna responsabilidad imputable a los diputados.

No obstante, uno o dos segundones de abordo, le habrían sugerido al gobernador Carreras que sí, que sí regresaran pero hasta febrero del 2018, cuando ya el tiempo de las definiciones políticas y el clima electoral estuviera tranquilo, es decir, la intención fue neutralizar desde entonces cualquier aspiración o posibilidad para que José Guadalupe Torres Sánchez buscara alguna otra opción política.

El otro error, grave de por sí, fue como se hicieron las cosas. El Pleno del Congreso del Estado que debió ser garante de la legalidad, incurrió en fallas de procedimientos que podrían incluso desencadenar en juicios políticos o de responsabilidad penal al haber aprobado la reposición de un proceso de auditoría que no se justifica en términos de la Ley luego de que aprobó la intervención de entidades externas para revisar las cuentas de 116 entes auditables.

EL REGRESO DE LUPE TORRES

Lejos de asumir una actitud revanchista o pretender responder mediáticamente a sus adversarios políticos, Lupe Torres se propuso actuar como lo que es: Como un abogado reconocido y de prestigio; con antecedentes académicos y curriculares impecables que lo han llevado a desempeñarse en varias responsabilidades públicas con éxito.

Él, junto con su familia, condujeron el proceso de defensa legal en su contra, obteniendo como resultado al final del día, demostrar que no está, ni nunca estuvo implicado en la sarta de estupideces que vertió el ex diputado panista Enrique Flores. Lo que sigue, es comprensible; José Guadalupe Torres Sánchez decidió reincorporarse a su tarea legislativa con la perspectiva de que no puede transitar en la vida o ser visto ni señalado como alguien inmerso en un presunto círculo de corrupción del que fue ajeno.

Obviamente que con su determinación de retornar al Congreso del Estado, las reacciones de su regreso serán airadas y agresivas, la furia y la saña se desencadenarán y se dejarán sentir, de ello no hay duda. Algunos se sentirán agraviados u ofendidos porque se ha puesto en evidencia su verdad y sus dichos. Toda esa tinta derramada o los tiempos de ataques e infundios inspirados desde el ciberespacio y la televisión, tendrán que admitir que se equivocaron.

Deberán reconocer que “no hay mayor injusticia cuando la justicia es tardía”. Con Lupe Torres fue lenta, es cierto, pero muy en tiempo para presentarse nuevamente en sociedad como alguien que ha sido reivindicado por la justicia misma al haber sido víctima de una perversidad que mantiene la esperanza de ver enfrentados a los potosinos y sumirnos en el atraso como hace 25 años.

La otra actitud que podrían tomar, es el de la reconciliación política; sin odios o rencores; entender que a nadie beneficia la confrontación. Entender que todavía estamos a tiempo de buscar los mecanismos del entendimiento y demostrar que el pueblo potosino, el verdadero pueblo lo que exige y desea es la tranquilidad social y el progreso de la entidad, y esto, solo está en manos y en la voluntad de quien gobierna este estado, de nadie más debe ser.