Corrupción e impunidad serán avaladas por el Congreso del Estado de San Luis Potosí, en caso de que se permita la reelección de Jorge Vega Arroyo en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, CEEAV, misma que es ilegal pues trasgredirían el artículo 93 de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí.
Hay preocupación porque prevalezca en la elección, la designación directa desde el Ejecutivo del Estado de este personaje que ha resultado gris e inoperante para la atención de las víctimas del delito en el Estado; en caso de mantenerlo en el cargo, el Poder Legislativo, se convertirá en cómplice de quien no se preocupa por las personas que han pasado por algún tipo de crisis, pues no hace nada y es un personaje de ornato.
El Estado quiere asegurar la reelección de Jorge Vega Arroyo, contra todo sentido común y contraviniendo toda disposición normativa, pues al final, no les importa la Ley, sino perpetuar en el poder a quien puedan mover a su antojo y que favorezca la irresponsabilidad gubernamental ante víctimas de un delito, como feminicidio, daños colaterales, maltrato a la mujer, homicidios y otros.
Los diputados imaginan recovecos legales en torno a que no existe certidumbre en la temporalidad del cargo, pero hay que recordar que estamos una nueva realidad, donde está prohibida la reelección, así como un periodo inequívoco de 5 años de gestión de este personaje. El artículo 93 de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, indica que para ser Comisionado Ejecutivo se requiere garantizar el respeto a los principios que dan marco a esta legislación, especialmente los de enfoque transversal de género y diferencial.
“El Comisionado Ejecutivo se desempeñará en su cargo por cinco años sin posibilidad de reelección. Durante el mismo, no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia”; por lo tanto no hay espacio para que el Poder Legislativo invoque vehementemente que pudiera existir una situación extraordinaria que ponga en riesgo el procedimiento de designación de Comisionado o Comisionada, pero, en caso de que los diputados no lo hayan visto o lo vean y no lo entiendan, hay que recomendarles que deben garantizar el respeto a los principios que dan marco a la institución que buscan representar.
Buscan colocar con calzador a este personaje, a pesar de que por tres años, no ha hecho nada por tan noble institución, ya se han configurado materialmente actos en contra de la convocatoria así como de lo que dicta la propia Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, aún así, las organizaciones ciudadanas no dejarán pasar este tema, y se esperan defensas legales como las ocurridas en el caso de la reciente elección de la Contralora Morenista de la Auditoria Superior del Estado, ASE, Rosalba Salazar Miranda.
