La Auditora Superior del Estado Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, informó que antes de finalizar el primer semestre de 2019, las autoridades competentes estarán en posibilidades de emitir las sanciones que correspondan a los exfuncionarios públicos que hayan incurrido en presuntos delitos penales, derivados del uso indebido de recursos públicos durante el ejercicio 2017, en virtud de que la ASE está por concluir las carpetas de investigación y substanciación para turnarlas a las fiscalías Anticorrupción y General del Estado.

“En la ASE entendemos que las sanciones a los malos servidores públicos deben ser puntuales y no dejar pasar los tiempos; algunas veces, la ciudadanía percibe la demora como impunidad, pero queremos que los diferentes sectores involucrados, incluyendo diputados, entes auditables y ciudadanos, tengan la plena seguridad de que se está trabajando firmemente y que nuestros resultados se verán reflejados en las sanciones a los exfuncionarios que cometieron alguna irregularidad”, manifestó la Auditora Superior, Rocío Cervantes.

“Una vez turnadas las carpetas a las autoridades sancionatorias, vamos a estar muy atentos a que los procesos sigan su curso y no se aplacen las sanciones, por esta razón estamos en la mejor disposición de apoyar y trabajar de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado; la finalidad es que la ciudadanía vea nuestro trabajo culminado en las sanciones a los exfuncionarios que incurrieron en irregularidades”, acotó Cervantes Salgado.

La titular de la ASE se refirió también a la gravedad de las irregularidades detectadas, informó que las más graves configuran delitos penales como peculado y uso indebido de la función pública, mientras que las menos graves son sancionadas por el Tribunal de Justicia Administrativa y las Contralorías Internas de los propios entes, que pueden llegar a la inhabilitación para el servidor público y el resarcimiento del daño cometido.

Asimismo advirtió que en el caso de las presidencias municipales, el primer responsable es el presidente municipal y el Cabildo, y subsecuentemente la responsabilidad se va descargando en el tesorero, director de obra, coordinador de desarrollo social, oficial mayor y en general todos los que intervinieron en la irregularidad, incluso quienes no intervinieron pero supieron, pueden ser sancionados por omisión, como es el caso de los Contralores Internos.