El martes 24 de octubre un actuario del Poder Judicial de la Federación y un perito topógrafo de la Procuraduría General de la República, en compañía del Comité de Santo Domingo y sus asesores legales, realizaron una diligencia judicial en el Rancho Palula.

La diligencia se citó con el fin de ampliar el peritaje hidrológico-ambiental oficial, mediante el cual, el Juez Cuarto de Distrito contará con más elementos técnicos y científicos para resolver sobre el fondo del amparo, interpuesto en el mes de mayo de 2016.

Los representantes de la empresa CITSU-Palula, impulsora del proyecto de confinamiento tóxico en Santo Domingo, fueron notificados y apercibidos por el Juez, luego de que el pasado 10 de julio impidieron la realización de la diligencia, buscando entorpecer y dilatar la tramitación del juicio. Por esa razón, el Juez de Distrito impuso una multa a la empresa CITSU-Palula por el desacato en el que incurrieron al evitar que personal de la PGR ingresara al predio.

En esta ocasión, al acceder al rancho, el Comité y su equipo legal corroboraron que el predio sobre el que se proyectó el confinamiento se encuentra intacto, como lo disponen las suspensiones definitivas otorgadas por los Juzgados Segundo y Cuarto de Distrito.

Durante la visita, el perito topógrafo de la PGR tomó datos usando un GPS para rendir el dictamen sobre el polígono de confinamiento, debido a la grave inconsistencia técnica que existe sobre la ubicación del predio, y que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat aprobó, pese a contar con datos geográficos e informes de otras instancias de gobierno que señalaban tal irregularidad.

Con esta diligencia, el Comité de Santo Domingo sigue aportando pruebas para documentar judicialmente las anomalías técnicas y legales que rodean al proyecto desde su origen.