El pasado 18 de octubre se presentaron autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a la presidencia municipal de Santiago Domingo para llevar a cabo un peritaje de grafoscopía, caligrafía y de contenido derivado de la denuncia que presentaron diversos ex regidores y el ex presidente municipal de la administración 2019-2012 de ese municipio, dado que se había señalado la falsificación de firmas en en un documento de la supuesta sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 3 de septiembre de 2012, mediante el cual la empresa Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable (CITSU) realizó una serie de trámites ante autoridades federales para la construcción del confinamiento de residuos industriales en el Rancho de Palula.
Al respecto Mario Vazquez Vallejo, Presidente del Comité en Defensa de la Vida, mismo que fue creado para fines de impedir que se construya dicho confinamiento comentó que después de revisar el libro de actas de Cabildo se verificó que no existe una sesión de fecha 3 de septiembre de 2012, por lo tanto el documento que aprobación es falso.
También se corroboró que existe una acta 60/2012 de una sesión extraordinaria de Cabildo pero en ella jamás se aborda el tema de cambio de uso de suelo, solo se abordan temas de pago de aguinaldos de trabajadores, «es muy grave que una acta apócrifa sea el fundamento para que una empresa como CITSU pretenda seguir funcionando», dijo.
Asimismo Vázquez Vallejo denunció su inconformidad porque la PGJE ha tardado más de un año en llevar a cabo una prueba pericial y aún no termina, lo que deja muchas sospechas por parte del gobierno estatal; recordó que además el gobernador visitó Santo Domingo en 2016 y le presentaron la problemática, y en ese momento se comprometió a poner atención en el asunto y apoyar la diligencia de las investigaciones, lo que no se ha hecho hasta ahora.
Finalmente, comentó que que existe preocupación de que un delito tan grave como falsificación de firmas de ex regidores y el ex presidente municipal, así como uso de documentos falsos y usurpación de funciones, no se investiguen a pesar de estar encargados por parte de la PGJE en una mesa de «supuestos asuntos relevantes».