San Luis Potosí, S.L.P. a 8 de junio de 2017
- Enrique Alejandro Flores Flores
Presidente de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí.
Presente.
Dip. Manuel Barrera Guillén
Presidente de la Mesa Directiva
del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí.
Presente.
Respetuosamente me dirijo a usted y a los integrantes del órgano que preside para solicitarles de manera urgente su intervención ante las graves anomalías que ha cometido la Procuraduría General del Estado de San Luis Potosí, encabezada por su titular, el C. Federico Garza Herrera y otros funcionarios de dicha dependencia, en la Averiguación 100/2014, en la cual denuncio un fraude por más de 1.6 millones de dólares cometido por el C. Miguel Ángel Maya Romero desde el año 2011 y sin que a la fecha se me haga justicia.
Dicho sujeto, conocido por la comunidad potosina, giró y gastó para uso personal cheques de la empresa de mi propiedad Transportación Terrestre Chez S.A. de C.V. por la cantidad antes señalada, valiéndose del cargo de director general que mi familia y yo le confiamos al ser esposo de mi hermana. Lo denunciamos por fraude y asociación delictuosa el 14 de octubre de 2011 y a la fecha, la Procuraduría General de Justicia del Estado se ha conducido intencionalmente negligente, suponemos que por el parentesco político que existe entre el titular de dicha dependencia y mi demandado, cuya hija sostiene una relación de noviazgo con el hijo del procurador.
Mi familia y yo quedamos afectados económicamente a raíz del fraude, mientras que mi demandado adquirió propiedades y fundó nuevos negocios con dinero mal habido, por lo que les pido respetuosamente que insten al procurador Federico Garza Herrera a que trabaje, a que lo haga con imparcialidad y cumplimente las órdenes de aprehensión contra Miguel Maya y sus cómplices.
Así mismo, solicito a la Junta de Coordinación Política que usted dignamente preside, a solicitarle a la Procuraduría General de Justicia el expediente antes citado para que, de propia mano, se cerciore de las anomalías y la falta de responsabilidad de dicha dependencia, así como de sus funcionarios, como el subprocurador Raúl Flores Olguín, quien también ha brindado protección a Miguel Maya Romero por indicaciones de Federico Garza Herrera.
Es una vergüenza para nuestro país, para nuestro Estado y para nuestra comunidad que las instituciones públicas estén a cargo de funcionarios irresponsables, cómplices de delincuentes y que los protejan, contraviniendo los principios de igualdad y de justicia que deben prevalecer en todos los órganos de gobierno, por lo que espero una respuesta pronta de su parte a lo denunciado en estas líneas, y espero también que el Congreso del Estado ponga orden en una dependencia tan sensible e indispensable para la ciudadanía como lo es la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Atentamente:
Mario Luis Zulaica López
