La diputada María Lucero Rocha Jasso presentó un punto de acuerdo que fue aprobado por ser de obvia y urgente resolución, para exhortar respetuosamente a la Fiscalía General del Estado para que integre un Protocolo Básico de Atención para las Personas con Discapacidad, contemplando las necesidades específicas de ese grupo vulnerable y garantizando el pleno ejercicio de su derecho a la justicia.

Señaló que las autoridades mexicanas deben garantizar el acceso a la justicia en los mejores términos de los derechos humanos, y para cumplir con lo anterior es necesario tomar acciones sustantivas que garanticen el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, sobre todo para personas en condiciones de vulnerabilidad, y este caso concreto se refiere a las personas con discapacidad, cuyos derechos deben ser observados en todos los procesos judiciales en los que se vean involucrados, a pesar de las barreras físicas y cualquiera que sea su situación en el proceso.

Las personas con discapacidad, son sujetos de derechos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad como está previsto en la Constitución, y tales principios se cristalizan en legislaciones específicas; sin embargo, en la práctica, puede haber obstáculos, y es responsabilidad de las autoridades que esas personas tengan garantizado el ejercicio pleno de todos sus derechos.

La diputada Jasso Rocha dijo que en apego a estos postulados, países como Argentina, Colombia y Uruguay han implementado medidas para adecuar la atención en la procuración de justicia para las personas con discapacidad, México, no resulta la excepción ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el año 2014, redactó el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad, en la búsqueda de generar modelos de atención útiles, prácticos y apegados a derechos.

Si bien, el Protocolo citado está destinado a Juzgadores, también es del todo necesario que se integren Protocolos que abarquen desde el comienzo de los procedimientos penales hasta la conclusión de sus casos, y que estén enfocados a sus necesidades específicas al momento de recibir atención en las instancias de procuración de justicia.

Con este punto de acuerdo se busca que se asegure la observación de los derechos de este grupo vulnerable desde el principio del desarrollo de los procesos judiciales y se mejore la atención.

Es menester señalar que los protocolos existentes en la materia, como es el caso del de los dirigidos a los Juzgadores, aportan una serie de consideraciones compuestas por elementos técnicos y jurídicos, que se fundamentan en el principio pro persona, y no son instrumentos para ser aplicados de forma mecanizada, sino que sirven como marcos de referencia para la mejora práctica de los procesos.

La diputada Lucero Jasso expuso que motivo por el cual se debe contemplar que los Protocolos de Atención, fundamentalmente ofrecen un conjunto de herramientas concretas que de hecho enriquecerían tanto el conocimiento como la práctica de los encargados de la procuración de justicia; volviéndolos más asertivos, profesionales y oportunos de responder ante estos casos y en general aumentando la eficacia de la atención en la procuración de justicia, bajo un marco de observancia de derechos. Para lo cual, se puede tomar como punto de referencia, el citado Protocolo para Juzgadores emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.