La Auditoría Superior del Estado (ASE), a través de su titular José de Jesús Martínez Loredo entregó a los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la LXI Legislatura, los 110 informes finales de auditoría a las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal 2016 correspondientes a los 58 ayuntamientos, los organismos autónomos y descentralizados, con lo que se cumplió en tiempo y forma con lo señalado por la ley.
El diputado J. Guadalupe Torres Sánchez, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, explicó que de los 110 informes que fueron entregados, 58 corresponden a los ayuntamientos, 47 a organismos descentralizados, 5 a organismos autónomos; mientras que los tres Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial) habrán de ser entregados como fecha límite el próximo 15 de junio para sumar un total de 113 entes auditables obligados de San Luis Potosí.
De igual forma se dio a conocer que los informes contienen observaciones financieras de los 58 Ayuntamientos por el orden de los 536 millones 387 mil pesos correspondientes al Ramo 33 y 28. Mientras que el caso de organismos autónomos la observación asciende a un millón 88 mil pesos.
El legislador explicó que los integrantes de la Comisión de Vigilancia revisarán la documentación presentada por la ASE y dictaminar si se hicieron en el marco que establece la ley; posteriormente se pondrá a consideración del pleno del Congreso del Estado para su análisis y posible aprobación.
Explicó que “al recibir los informe de las auditorias practicadas a los entes auditables, no significa que se esté aprobando o se esté dejando en ceros las observaciones que fueron detectadas por la ASE, porque luego se malentiende o se generan informaciones erróneas, sobre supuestos arreglos de los partidos, sin que ello, tenga fundamento o alguna posibilidad al respecto”.
Puntualizó “estamos aprobando informes que contienen las observaciones firmes y que posteriormente deberán ser desahogadas en forma de juicio, para que posteriormente la Auditoría Superior del Estado resuelva y establezca las sanciones en caso de existirlas. Reiteró que la facultad exclusiva del Congreso del Estado es aprobar o no los informes entregados por la ASE, como el órgano máximo para aplicar los procesos de fiscalización en San Luis Potosí.
Torres Sánchez consideró que se debe dar un voto de confianza al trabajo que ha venido desarrollando la Auditoria Superior del Estado (ASE) porque las instituciones siempre son de buena fe, aunque hay errores en los titulares o demás funcionarios que las integran, “pero son personas que somos imperfectos, por eso, creo que se está trabajando de manera transparente y lo más importante es que debe permanecer apartada de esa dosis política”.
Descartó que en el Congreso del Estado, exista algún tipo de injerencia para intervenir en el proceso de fiscalización de las cuentas públicas, pues los procesos ya concluyeron y ahora sólo resta esperar para ser sometidos al Pleno del Poder Legislativo, aunque posteriormente se pondrá en marcha otro periodo de desahogo para emitir los dictámenes finales.