Respuesta a Ingeniera María Luisa Albores González

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Ingeniera María Luisa Albores González
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
El argumento de la secretaría que usted dirige frente a la inquietud social (“información que circula” dicen en un boletín de prensa) que provoca el asunto del inminente e irreversible daño ecológico a la Sierra de San Miguelito, en San Luis Potosí, mucho nos recuerda ese discurso oficial empleado por el gobierno foxista y utilizado para justificar ambientalmente la depredación del histórico Cerro de San Pedro, en un área que se consideraba de preservación de la vida silvestre, de acuerdo al Plan del Centro de Población publicado el 24 de septiembre de 1993.
Se dijo entonces que los “ejidatarios de Cerro de San Pedro” habían rentado más de 300 hectáreas a la Minera San Xavier y, que además, los efectos de la transnacional, serían regulados por un Comité Científico, de acuerdo a cien condicionantes que había impuesto el entonces Instituto Nacional de Ecología. Todo fueron falacias.
En este asunto que nos ocupa, el generador del ecocidio, un proyecto inmobiliario llamado “Las Cañadas” (antes identificado como “Reserva”) se encuentra ubicado en los límites de lo que fueron los ejidos Garita de Jalisco y El Aguaje. Esos núcleos de población ya no existen territorialmente; en el primer caso se formaron cuatro sociedades mercantiles inmobiliarias que son: Residencial La Tenería, Lomas de la Garita, Desarrollo del Pedregal, de la cual derivó luego, Peña Blanca.
Quienes de momento codician 1,805 hectáreas de la Sierra de San Miguelito son dueños de esas inmobiliarias. No está por demás enfatizar que esa zona fue excluida del área límite de la Sierra entre los años 2000 y 2003.
En el Aguaje, donde hoy se construye El Gran Peñón y también son dueños de las tierras de la falsa solución de desfogue vehicular llamada “Vía Alterna”, y que esta SEMARNAT también autoriza con la propuesta de Área Natural Protegida.
En el primer caso, el 70% de las mil hectáreas urbanizadas se encontraban en el Área de Recarga del Acuífero de San Luis Potosí, y en el segundo caso, la totalidad del Proyecto El Gran Peñón, en una superficie, que incluso forma parte del estudio técnico que sometió a consulta el 29 de enero esta SEMARNAT, y que obviamente ahora será excluida.
El modelo de inmobiliarias ejidales que se quiso imponer en San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito en las 2068 hectáreas, fue frenado por la resistencia comunal desde el año 2009, de tal manera, que finalmente la Procuraduría Agraria Nacional rechazó este modelo de asociación por no estar contemplado en el artículo 75 de la Ley Agraria, tal y como se establece en el oficio DGJRA/DAAPP/0435/2019.
Buscando dejar constancia de los hechos hicimos llegar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando menos cinco documentos en los que dábamos puntual referencia de los hechos; de igual forma se hizo lo conducente con el secretario Víctor Toledo, y diversos funcionarios de su Secretaría para, de igual forma, entregarles documentos que hicieran de su conocimiento y establecieran el acoso inmobiliario que se estaba padeciendo; además, desde luego, de los efectos que sobre la Recarga del Acuífero esto provocaría, y la violación del estatus de las áreas municipales de protección, existentes desde la publicación del Plan de Centro Estratégico de Población en agosto del año 2003. Nos referimos al Área Natural de Protección de la Cuenca Hidrológica (AN-PCH) y el Área Natural de Protección al Patrimonio Paisajístico y de Recarga.(AN-PPRE)
Durante la Consulta Pública, convocada desde el día 29 de enero del 2021, pudimos apreciar que SEMARNAT suprimió 500 hectáreas de la Sierra; esto le fue cuestionado de manera directa a César Sánchez, Lilián I. Torija Lazcano, y en especial a Gerardo Hernández Cendejas, en reunión virtual del 14 de febrero del 2021, quien de manera directa, sin inmutación ni sonrojo, estableció que los límites de esas 500 hectáreas habían sido parte de un acuerdo y/o negociación en los que intervino el sector empresarial. Para mayor abundancia en el asunto, puede usted revisar el audio y video de la reunión virtual de esa fecha.
SEMARNAT ha negociado con los empresarios, con sus abogados y operadores que maniatan y tuercen los acuerdos de asamblea. Así lograron ampliar, el 4 de junio, la superficie a urbanizar de 500 a 1,805 hectáreas (oficio DGCD/250/2021 CONANP).
Es mentira el supuesto contacto e intercambio con ejidos y comunidades. ¿Sabe usted que la comunidad de Rivera de Mexquitic con más de 500 hectáreas fue excluida de esta propuesta y que otras comunidades como Guadalupe Victoria y la Cruz no se consideraron en el Polígono de más de dos mil hectáreas en posesión ancestral? ¿Cuál es la explicación para excluir las Presas, del Ejido Rodrigo de Villa de Reyes, que sufre la devastación inmobiliaria de sus tierras comunales desde el año 2016?
Es una irresponsable y negligente actitud la de esta secretaría, que usted dirige, el negarse a reconocer que la superficie de 1,805 hectáreas ha sido pactada y comprometida con contratos de asociaciones en participación, y que mediante las peores prácticas, el pago de cantidades irrisorias, por absurdas, y promesas de aportación y venta se obtienen las firmas de los comuneros. Señora secretaria, toda la información les fue entregada de manera puntual, y si por alguna razón fue extraviada, adjuntamos la liga o vínculo electrónico para que observen y analicen a dónde están arrojando esta área de la Sierra de San Miguelito.
GUARDIANES SIERRA DE SAN MIGUELITO