Al ser los municipios la primera línea de prevención del delito, desde el inicio de la administración estatal se ha insistido a las y los 58 alcaldes que fortalezcan e incrementen su estado de fuerza policial, pero que también le apuesten a su profesionalización enviándolos a cursos de capacitación y con ello cumplan con el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica que establece la Federación.

Comentó lo anterior el General Guzmar Ángel González Castillo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, quien reconoció que cada vez existe mayor interés de las autoridades municipales en darle la atención que merece la seguridad pública en sus respectivas demarcaciones y con ello sumar esfuerzos en el combate y prevención de los delitos.

Recordó que el pasado 21 de septiembre se hizo entrega de armamento Fusil FX05 calibre 5.56 x 45 mm a 9 municipios entre ellos Aquismón, Xilitla, Tamuín y Ciudad Valles, en total se habrán de hacer entrega 197 armas a los Ayuntamientos al haber cumplido con los requisitos enmarcados en la licencia oficial colectiva.

Reconoció que entre Estado y Municipios hay una sinergia mucho muy importante en materia de seguridad pública, “los municipios no están solos, la colaboración y comunicación es permanente y cuando lo han solicitado se les envía el apoyo con operativos de vigilancia en donde participa la Guardia Civil Estatal, Guardia Nacional y el Ejército Mexicano”.

Más adelante recordó que la Secretaría Estatal de Seguridad cuenta con un programa de revista para verificar que las corporaciones municipales se encuentren trabajando dentro de la ley, “se han presentado casos de elementos uniformados y con credenciales y al verificar en nuestro sistema, resulta que no están registrados ni tienen su acreditación como elementos de seguridad”.

El mando de la SSPCE, lamentó que a pesar del apoyo que proporciona el gobierno, aún haya municipios que continúen contando entre sus filas, con personal no acreditado como en su momento se detectó en Salinas, Mexquitic, Santa María del Río, Tierra Nueva y San Vicente Tancuayalab, a quienes se les atribuyó el delito de usurpación de funciones, aunque parte de la responsabilidad es de los mandos, por lo que se llama a los alcaldes a que se apeguen a las normas federales en el tema.