El ciudadano José Giovanni Torres Delgado y la propia Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, promovieron amparos contra el nombramiento ilegal de la actual titular del Instituto Superior de Fiscalización, ISF, Edith Virginia Muñoz Gutiérrez; lo anterior le impide contender por la máxima representación de la dependencia auditora.

Recientemente el presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, René Oyarvide Ibarra, confirmó la recepción de la Solicitud de Remoción por Causas

Graves en contra de la actual encargada del despacho, toda vez, que, desde la publicación del decreto de creación del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, no cuenta con un nombramiento para estar al frente del nuevo organismo autónomo y, aseguró, será revisada a conciencia, para determinar si está impedida o no, para participar en el proceso de elección del nuevo titular del organismo de revisión.

Giovanni Torres menciona que se debe entender que la convocatoria exige que los aspirantes gocen de buena reputación y no se encuentre afectada su buena fama en el concepto público, lo cual asegura es un impedimento para la funcionara pública porque su gestión ha sido sumamente cuestionada “comenzando por la opinión negativa del propio Auditor Superior de la Federación, ASF, David Colmenares Páramo, que ha descalificado la labor de la Auditoría Superior por violar la Constitución y las Leyes que de ella emanan en materia de fiscalización”.

Espera que los señalamientos del diputado René Oyarvide sobre la revisión del caso específico de la encargada de despacho sean ciertos, toda vez que hay condiciones para que se le imposibilite participar en el proceso de elección de titular del ISF, “es lo mínimo que deben hacer los diputados desde el Congreso, es decir, revisar conforme a derecho y sí hay elementos legales que se proceda a su remoción. Desde un inicio debieron rechazar su inscripción en la convocatoria, toda vez que primero deben correr los tiempos conforme a derecho para investigar, substanciar y emitir una resolución al respecto, que obviamente esto se daría posterior a los tiempos establecidos para continuar con el proceso de la convocatoria, por lo que debió no ser aceptada su inscripción”.

Pero esto no queda solamente ahí, pues refiere existe otro amparo, planteado por la UASLP en torno al cuestionado actuar del órgano fiscalizador estatal; en su caso particular, argumenta que los actos reclamados consisten en que las autoridades responsables, no dieron cumplimiento al proceso de designación señalado por el artículo 76 la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí, vigente en el mes de diciembre de 2021 cuando arribó al encargo la auditora.

El amparo en cuestión se ventila en el Juzgado Sexto de Distrito bajo el número de expediente 889/2023-V, promovido por el pasante de abogado José Giovanni Torres Delgado, el cual fue presentado el 19 de junio de 2023, y admitido formalmente para su trámite desde el pasado 29 de junio de 2023, en el que ya rindieron sus informes respectivos el Congreso del Estado, la Comisión de Vigilancia y la Diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas como autoridades responsables, y la encargada de Despacho, Edith Virginia Muñoz Gutiérrez, para que se lleve a cabo la audiencia constitucional prevista por la materia, y sea resuelto conforme a derecho.

El amparo indica que se han venido expidiendo autorizando y firmando actos, procesos y documentos del proceso de auditoría y fiscalización que pueden configurarse como de nulos e ilegales dada su cuestionada estadía al frente de la dependencia, entre los cuales se precisan algunos ejemplos como la elaboración, autorización, firma y publicación en el Periódico Oficial del Estado de los programas anuales de auditorías para los ejercicios fiscales 2021 y 2022, así como sus modificatorios correspondientes.

Además de la emisión y firma de todos los oficios dirigidos a las entidades fiscalizadas, mediante los cuales notificó el inicio de órdenes de auditoría relativo a las cuentas públicas de los ejercicios fiscales 2021 y 2022, también de todas las cédulas de resultados preliminares de auditoría relativos a las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2021 y entregados a las correspondientes entidades auditadas, del informe general de auditoría correspondiente de la cuenta pública del

ejercicio fiscal 2021.

Al igual por los informes individuales de auditoría correspondientes a las cuentas públicas de ejercicio fiscal 2021 de todas las entidades fiscalizadas, firma y entrega al Congreso del Estado de San Luis Potosí de los informes Generales e Individuales de auditoría de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2021.

Así como de todas las constancias de inhabilitación para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, solicitadas por servidores y ex servidores públicos para los fines que a estos convienen, la disposición, autorización, ejercicio y administración de los recursos públicos de la Auditoría Superior del Estado (financieros, de bienes y humanos), desde que asumió el encargo de despacho.

En general, el ejercicio de los recursos públicos de la Auditoría Superior del Estado durante el ejercicio fiscal 2022 y lo que va del este ejercicio fiscal 2023, la contratación, recontratación, reubicación, reclasificación, cambios de área, despidos y liquidación de personal durante los años 2022 y lo que va del 2023 “por tanto, todas las actuaciones señaladas, pudieran ser declaradas como nulas, atendiendo a la ilegalidad con que fue designada”.