Promueven ante el Congreso del Estado de San Luis Potosí, la remoción de Edith Muñoz, por causas administrativas graves en la gestión del hoy Instituto de Fiscalización Superior, ISF, por lo que estaría impedida para contender en el proceso de elección de titular del área, mismo que está próximo a discutirse.

El 14 de septiembre de 2023, José Giovanni Torres Delgado, sometió ante el Congreso del Estado de San Luis Potosí, una solicitud de “Remoción por Causas Graves” contra la todavía Encargada de Despacho de la antes conocida Auditoria Superior del Estado, ASE, Edith Virginia Muñoz Gutiérrez, debido a que durante su gestión de 18 meses ha incurrido en al menos tres conductas señaladas por Ley como irregularidades, derivadas principalmente por ejercer funciones que le competen de forma exclusiva a la federación, planeando, revisando, auditando y fiscalizando recursos y participaciones, actividad que no le corresponde, ya que cualquier entidad de fiscalización estatal, está impedida para ello, al ser facultad exclusiva y reservada para la Auditoría Superior de la Federación.

Además, incurre en «Abuso de Funciones», «Conflicto de Interés» y “Desvío de Recursos», todos previstos por la Ley de Responsabilidades del Estado, y que se configuran como faltas administrativas graves ya que generan un daño al servicio público, y, en consecuencia, todos los recursos financieros, materiales y humanos destinados a esa infundada labor, configuran como desvío de recursos públicos, ya que no tienen un sustento legal.

Como antecedente, diversos municipios ya habían formalizado ante la extinta ASE, su postura contra los trabajos y planes de auditoría de la funcionaria pública, pero hasta ahora, se confirma la primera solicitud formal para tramitar su remoción, lo cual será tarea exclusiva del Congreso del Estado y no de la funcionaria señalada, ya que le implica removerla por votación, una vez agotado el procedimiento de carácter jurídico y no político, debido a la naturaleza de las actuaciones graves realizadas, es decir, básicamente por usurpar funciones conferidas a una autoridad federal.

Por lo anterior, está impedida para contender en el proceso de elección de titular del nuevo Instituto de Fiscalización Superior, ISF, en tanto el Congreso del Estado de San Luis Potosí, realice el procedimiento correspondiente que la Ley dicta para este tipo de solicitudes. Por consiguiente, una vez que el pleno se pronuncia del resultado que derive del proceso de investigación por la Comisión que se designe para el caso, si se acepta su inscripción a contender sin un resultado con los tiempos establecidos en Ley, el proceso para elegir titular del Instituto de Fiscalización Superior podrá ser judicializado.

Se espera que, en pocos días la Comisión de Vigilancia y el Poder Legislativo inicien con el trámite de dicha remoción, se reitera que dicha funcionaria está impedida para participar de la Convocatoria conforme lo prevé el punto número 7 de la misma, que establece: “No haber sido inhabilitada o inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni removido por causa grave de algún cargo del sector público o privado». Hay que recordar que las faltas administrativas en las que Edith Muñoz ha incurrido y que la hacen inelegible, han sido que durante su gestión contrató a personas sin perfil, estudiantes, aviadores y falsificadores sin título ni cédula profesional, realizando funciones de auditores sin las atribuciones para ello, no ha pagado las contribuciones a la Dirección de Pensiones, aunque si retuvo recurso a los trabajadores, ha realizado inversiones con cargo a la ASE, y crecido los pasivos, ha despedido personal sin respetar sus derechos laborales, ha ejercido funciones que le competen de forma exclusiva a la Federación, auditando recursos y participaciones federales.

Lo anterior hace que incurra en las faltas administrativas de «Abuso de Funciones», «Conflicto de Interés» y «Desvió de Recursos» previstos por la Ley de Responsabilidades que se configuran como faltas administrativas graves, lo que genera en un daño al servicio público, y, en consecuencia, todos los recursos financieros, materiales y humanos destinados, configuran como desvío. Asimismo, diversos municipios formalizaron su postura contra los trabajos y planes de auditoría de Edith Muñoz que impactan en las cuentas públicas 2021 y 2022 realizadas durante su gestión.