DE FONDO
Fernando Díaz de León Cardona

Cita la máxima que, “no hagas cosas buenas que parezcan malas o cosas malas que sugieran bondades”. Si el Ayuntamiento de la capital incumplió la Ley de Disciplina Financiera, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública SHCP confirma que se incurrió en irregularidades, lo más probable es que el Congreso del Estado asuma el papel que le corresponde para instaurar el procedimiento sancionatorio, esa es su responsabilidad y de nadie más.
Ningún Ayuntamiento, debe por Ley, gestionar créditos o empréstitos si no son avalados y aprobados previamente por las dos terceras partes del pleno del Poder Legislativo, pues al ser destinados a obra, estos deben ser registrados como deuda pública sin recurrir a excusas de que el crédito solicitado a BANSI por 150 millones de pesos se trató de una deuda a corto plazo y que además ya fue liquidada. Si alguna instancia violó la Ley, simplemente debe actuarse.
Conforme al comunicado oficial del gobierno del estado, se dijo que la SHCP encontró que el Ayuntamiento capitalino contrató el crédito, realizando una cesión de derechos de cobro mediante un contrato de descuento de documentos al INTERAPAS, es decir, le trasladó el adeudo. En este contexto, si Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro estuvieron en su momento de acuerdo, lo mas probable es que los alcaldes fueron sorprendidos, por no decir que engañados.
Al margen de la polémica que desató este tema, quizá lo más lamentable es que el área jurídica del municipio de la capital no advirtiera al alcalde capitalino y al propio Organismo Operador del Agua Potable de las inconsistencias, alcances y consecuencias legales de solicitar un crédito a una institución financiera sin tener el consentimiento del Congreso del Estado, instancia que tendrá que profundizar en el tema y proponer las medidas de apremio.
Por otro lado, en cada cambio de administración, de manera recurrente, tanto los Ayuntamientos de San Luis Potosí como el Instituto Estatal para el Fortalecimiento de los Municipios, presumen capacitaciones permanentes a las entidades financieras municipales.
Con oportunidad se les advierte a sus representantes, Contralores o Tesoreros de los alcances o prohibiciones legales que tienen para solicitar un crédito, sin embargo, aquí se los pasaron por el Arco del Triunfo, para qué y para donde se destinaría el dinero prestado, es otra cosa.
Con frecuencia, se boletina a los medios las acciones de adiestramiento o capacitación para fortalecer a los municipios, sobre todo en el rubro financiero, de tal suerte que los municipios no pueden decir que ignoran la ley o que no saben lo que están haciendo.
Esa justificación no cabe. La Auditoría Superior del Estado, ASE, generalmente está atenta a que los municipios actúen con transparencia y se ajusten al ejercicio y marco legal de sus compromisos financieros.
Al final del día, este asunto está en manos de las y los señores diputados. Si tienen los pelos de la burra en la mano, pues que actúen. Ahora, si sólo es mediático el asunto, entonces es otro cantar y que se ponga el saco a quien mejor le ajuste. La irritación en varias esferas públicas es evidente y lo más sensato es valorar las cosas y medirlas bien en la serenidad de sus juicios.
Hasta pronto