La sombra de Toranzo ronda aun en palacio.

Este miércoles, Juan Manuel Carreras López ingresó a su tercer año de gobierno tras presentar su segundo Informe de gestión. Dos largos años han transcurrido y hasta ahora no se ve por donde ni cuando tenga la voluntad y decisión de desmarcarse o apartarse de la sombra del ex gobernador Fernando Toranzo Fernández. O el mandatario no ha querido o de plano no ha podido hacerlo porque hasta hoy, la oscura figura de su antecesor permanece entre las tinieblas y en las tenebras cotidianas de la administración estatal.

Si Juan Manuel no ha querido desprenderse, sus razones y sentimientos de gratitud tendrán con el médico, pero no debe olvidar que justo a la administración torancista se le sigue una investigación por varios antecedentes. Se habla incluso, que desde el nivel central se indagan los probables actos de corrupción en que incurrió la pasada administración.

Primero por el manejo poco transparente de los recursos operados en el DIF; segundo, por las inconsistencias observadas en el sector salud y educativo; tercero, por su presunto involucramiento en el peculado y ejercicio indebido de la función pública en que incurrió el ex gobernador de Quintana Roo, Tomas Borgue y, cuarto, por la falta del pago obligado de un crédito fiscal con la CONAGUA por mil 250 millones de pesos; derivado esto de la construcción de la Presa El Realito.

Y no es que se especule o se trate de apuntar hacia el ex gobernador Toranzo, sino que una fuente confiable del CEN del PRI aseguró que desde la esfera central existe la puntual indicación para que a través de la Secretaría de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación se investigue la posible comisión de delitos cometidos en perjuicio de las finanzas públicas estatales, específicamente en los cuatro rubros arriba mencionados.

La fuente fidedigna, confió a este medio que la instrucción del gobierno de la República es clara y contundente tal y como se ha hecho en otras entidades del país, donde algunos ex gobernadores son investigados, otros que se encuentran en calidad de indiciados y otros que ya fueron enviados a prisión por actos de evidente corrupción u omisiones graves cometidas durante sus mandatos.

El análisis que se hace desde el gobierno de la República, es que frente al proceso electoral del próximo año, la única manera y posibilidad de que el PRI recupere terreno y credibilidad en el ámbito político-electoral es enviando una señal clara y firme para que las probables acciones fraudulentas en que algunos ex gobernadores incurrieron sean castigadas. De otra forma, el PRI no tendrá opciones de triunfo y tendrá que resignarse a perder sus espacios.

Esto es comprensible, si se parte del principio que a la dirigencia nacional priista le preocupa y ocupa recuperar credibilidad y la confianza perdida en los gobiernos del PRI. Sumado a esto, existe en el colectivo la precepción de que el nivel de presencia del primer mandatario del país, Enrique Peña Nieto, ha alcanzado su línea más alta de desprestigio e impopularidad a solo unos cuantos meses de que el PRI designe a su candidato a la presidencia de la República.