Ejidatarios de Villa de Reyes y Villa de Arriaga denunciaron públicamente los constantes intentos de estafa y despojos de los que han sido víctimas por parte de la empresa Fermaca Pipeline de Occidente en contubernio con las pasadas autoridades municipales, algunos representantes del Gobierno del Estado y de instancias federales como la Procuraduría Agraria quienes, lejos de defender los intereses del pueblo, se han puesto del lado de la empresa.

Raúl García, representante legal de los afectados explica que este problema comenzó en 2016 cuando la empresa en cuestión ganó una licitación a nivel federal para construir un gasoducto que transportaría gas natural desde Villa de Reyes hasta la ciudad de Guadalajara, sin embargo, la construcción de dicha obra comenzó a realizarse sin contar con los permisos correspondientes, situación que fue denunciada por los afectados a quienes, posteriormente, se les intentó entregar un pago sumamente bajo a manera de renta por la instalación del ducto.

El litigante explica que, para que se pueda realizar una obra de estas dimensiones es necesario que las autoridades ejidales realicen una reunión en donde las dos terceras partes de la asamblea concedan el permiso para el avance del proyecto, sin embargo, esto jamás sucedió, a pesar de ello, ya hay trabajos avanzados al respecto. Detalla que quienes le han dado seguimiento al caso han detectado una serie de irregularidades de suma gravedad pues les han pedido que renuncien a los derechos totales de sus tierras y que accedan a que sea un tercero quien realice el pago de indemnización, es decir, no será ni siquiera la misma empresa la que asumiría los costos.

Los afectados lamentan que se estén registrando este tipo de hechos ya que, sostienen, no solamente se les están intentando arrebatar sus tierras sino que se han aprovechado de la ignorancia y la necesidad de los ejidatarios para dar luz verde a un proyecto mezquino. Aseguran que son, por lo menos, 700 los ejidatarios que han sido dañados en su patrimonio por este problema que, para colmo, ha sido solapado por autoridades públicas que se niegan a defender a la ciudadanía.