Murillo Karam abandonó la Torre Médica de Tepepan bajo un fuerte dispositivo de seguridad hasta su casa ubicada en Lomas de Chapultepec
Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República, fue trasladado a su domicilio después de que el juez Juan José Hernández Leyva diera cumplimiento a la orden de un Tribunal Colegiado para que continúe su proceso en prisión domiciliaria.
El exfuncionario abandonó la Torre Médica de Tepepan bajo un fuerte dispositivo de seguridad hasta su casa ubicada en Lomas de Chapultepec para continuar con el proceso por el Caso Ayotzinapa.
#Ahora 🔴 A las 11:05 de este sábado. Jesús Murillo Karam, abandonó la Torre Médica de Tepepan para ser trasladado en medio de fuerte dispositivo de seguridad a su casa en Lomas de Chapultepec para continuar su proceso por el caso Ayotzinapa bajo prisión domiciliaria. pic.twitter.com/ekYReLmnhw
— poloespejel (@poloespejel) April 13, 2024
En audiencia este viernes, se revisó la determinación del pasado 4 de abril por parte del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, quien concedió una suspensión provisional otorgada al exfuncionario para que siguiera su proceso en prisión domiciliaria.
El juzgador impuso las siguientes medidas de seguridad:
- Murillo Karam no utilizará brazalete electrónico.
- Vigilancia permanente al domicilio del exprocurador por parte de autoridades federales.
- El exfuncionario no saldrá de su domicilio a menos que sea una emergencia médica.
- Registro de todas las personas que visiten a Jesús Murillo, entre ellas sus abogados y médicos.
- El extitular de la extinta PGR no podrá contactar a las víctimas de tortura en el caso Ayotzinapa.
- Entrega del pasaporte y visa del imputado.
- La emisión de una alerta migratoria para evitar su salida del país.
La detención de Murillo Karam es el de mayor perfil del Caso Ayotzinapa, que ocurrió tras el informe de la Comisión para la Verdad, que concluyó en 2022 que la desaparición de los 43 estudiantes fue un “crimen de Estado” que involucró a autoridades de todo nivel.
El exprocurador está acusado de ser uno de los fabricantes de la “verdad histórica”, una versión del Gobierno de Peña Nieto que afirmaba que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero de Cocula, ubicado en Guerrero.
