Pakistán experimenta una “escalada violenta” con 140 incidentes en los últimos once meses de amenazas o ataques a periodistas, con cinco de ellos ahora muertos, según un informe de un observador independiente del país asiático, que ocupa el puesto 157 de 180 en el Índice de libertad de prensa.

Las amenazas, los arrestos y los ataques contra periodistas en Pakistán aumentaron un 63 por ciento durante el último año en medio de una crisis política y constitucional que se ha apoderado del país, según el informe anual de Freedom Network sobre la libertad de prensa en Pakistán.

Según el reporte publicado en las vísperas del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Pakistán se ha vuelto u país “con más riesgo y más violento” para los periodistas.

“La escalada de violencia contra los periodistas es preocupante y exige atención urgente”, indicó en el reporte el director ejecutivo de Freedom Network, Iqbal Khattak.

Este país tiene un abanico de medios diversificado con alrededor de 100 canales de televisión y más de 200 estaciones de radio, según el organismo de control mundial de medios Reporteros sin Fronteras (RSF).

“Es especialmente dañino durante las crisis políticas y económicas en curso cuando el público necesita noticias confiables para comprender los problemas y responder”, dijo Khattak.

El informe identificó a Islamabad como la región “de más riesgo” para los periodistas en el país, y agregó que el 40 por ciento de las violaciones (56 de un total de 140 casos) se registraron en la capital paquistaní.

Según estos números, se produjo un promedio de 13 casos de violaciones de libertad de prensa al mes en el último año o al menos una violación cada tres días, en comparación con uno cada cinco días en el periodo 2021-22.

Entre los medios de comunicación, la televisión fue la más afectada con al menos 97 de los 140 casos. Durante ese tiempo se informaron al menos ocho casos de mujeres, incluida una periodista transgénero, que fueron atacadas.

Los partidos políticos son los mayores señalados por amenazas, cometiendo el 21 por ciento de ellas, mientras que los funcionarios estatales están en segundo lugar, con sospecha de participación en el 19 por ciento del total de casos, según el informe.

Con información de EFE