Texas prohibiría realizar abortos tras las seis primeras semanas de embarazo (antes de que muchas mujeres sepan siquiera que están esperando un hijo) y permitiría que los ciudadanos hagan cumplir la norma mediante demandas civiles contra médicos y otras personas, de acuerdo con una medida aprobada el jueves 13 de mayo por legisladores estatales.

Tras la votación del Senado, la iniciativa pasa al gobernador, Greg Abbott, quien se tiene previsto la promulgará.

De este modo, Texas se sumaría a una decena de estados gobernados por republicanos que aprueban las llamadas “ley latido“, bloqueadas en su mayor parte por tribunales federales. Se tiene previsto que la medida de Texas también sea impugnada rápidamente en los tribunales por parte de grupos defensores del derecho a abortar.

La propuesta prohibiría interrumpir el embarazo después de que se detecte el primer “latido” de un embrión. La tecnología avanzada puede detectar la señal eléctrica de una palpitación a las seis semanas de embarazo, aunque el embrión aún no es un feto y no tiene corazón. De acuerdo con los expertos médicos, el embrión se denomina feto a partir de la 11era semana del embarazo.

Una disposición singular de la medida de Texas, prohíbe que los funcionarios estatales hagan cumplir la prohibición.

En lugar de eso, permite que cualquier persona, incluso alguien que no vive en Texas, pueda demandar a un médico o a alguien más que pudiera ayudar a alguien a abortar después del plazo establecido, y pida una indemnización por daños y perjuicios de hasta 10 mil dólares por cada acusado.

“La ley Latido de Texas tiene un enfoque novedoso, permitiendo que los ciudadanos hagan que los abortistas rindan cuentas a través de demandas privadas. Ninguna ley latido aprobada por otro estado ha adoptado esta estrategia.

“Además, la propuesta no castiga a las mujeres que abortaron”, dijo Rebecca Parma, principal asociada legislativa de la organización, Texas Right to Life.

Los críticos señalaron que esa cláusula permitiría que los opositores al procedimiento inunden los tribunales con demandas para acosar a médicos, pacientes, enfermeros, consejeros en casos de violencia doméstica, un amigo que llevó a una mujer a una clínica o incluso a un padre de familia que pagó el procedimiento.