En e caso, Ucrania niega haber cometido un genocidio contra la población rusoparlante del este de su territorio, como alegó Rusia
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró este viernes admisible parte de un caso iniciado en 2022 por Kiev, que niega haber cometido un genocidio contra la población rusoparlante del este del territorio ucraniano, como alegó Rusia para justificar su invasión a Ucrania, aunque el tribunal desestimó partes importantes del caso.
Kiev había pedido a la CIJ que “falle y declare que no hay pruebas creíbles de que Ucrania sea responsable de cometer un genocidio en las regiones de Donetsk y Lugansk en violación de la Convención sobre Genocidio” de 1948 y el tribunal consideró que tiene jurisdicción para pronunciarse sobre este punto, en contra del rechazo de Moscú.
No obstante, la CIJ no consideró admisibles, bajo la Convención sobre el Genocidio, los puntos que se refieren a la ilegalidad del uso de la fuerza, y del reconocimiento de la independencia de Donetsk y Luhansk, en una decisión que anula parte del argumento de Kiev para demostrar la ilegalidad de la agresión rusa a su territorio bajo este tratado específico.
En un fallo largo y detallado sobre la jurisdicción del tribunal de la ONU sobre este caso, la presidenta de la CIJ, Joan Donoghue, subrayó que, como parte de su petición, Kiev ‘busca una confirmación” de la Corte de que “no hay pruebas creíbles de que Ucrania sea responsable” de actos de genocidio tal y como vienen definidos en la Convención.
Al aceptar pronunciarse solo sobre esta cuestión, la CIJ decidirá únicamente si Ucrania es responsable de violar la Convención, tal y como había alegado Moscú, pero de este caso no surgirá directamente ninguna cuestión sobre las responsabilidades de Rusia con su guerra en Ucrania, puesto que este punto queda fuera de la jurisdicción de la Convención.
Al iniciar este caso en 2022, Ucrania acusó a Rusia de violar el derecho internacional al justificar su invasión en la necesidad de detener un presunto genocidio en el este de Ucrania.
Kiev pidió a la CIJ que declare que “el uso de la fuerza” de Rusia contra Ucrania, y el “reconocimiento” por parte de Moscú de la independencia de las llamadas “República Popular de Donetsk” y “República Popular de Luhansk”, violan artículos de la Convención sobre el Genocidio.
El rechazo a pronunciarse sobre estos aspectos no significa que la CIJ respalda la agresión rusa a Ucrania, ni es una sentencia de que Rusia no cometió violaciones del derecho internacional bajo otros tratados, solo supone que, en base a la convención concreta sobre el Genocidio -usada por Kiev para iniciar este caso-, la CIJ no ve jurisdicción para decidir.
En una muestra de solidaridad internacional, un total de 32 países, incluida la mayoría de la Unión Europea, Canadá y Australia, habían defendido la jurisdicción de la CIJ para pronunciarse sobre la totalidad de este caso.
En una fase previa y en respuesta a la petición de Kiev de imponer medidas cautelares, la CIJ exigió en marzo de 2022 a Rusia, en una orden legalmente vinculante, detener las operaciones militares en Ucrania mientras tiene lugar este proceso judicial en La Haya, pero Moscú hizo caso omiso a esta exigencia y la guerra en Ucrania aún continúa.
Con información de EFE
