Siete meses después de haberse instalado, la Convención Constitucional de Chile ya votó los primeros 20 artículos de una nueva Carta Magna a la que le están imponiendo un sello progresista y que ha sido discutida en sesiones maratónicas y cargadas de emotividad, ya que sus integrantes están conscientes de que protagonizan uno de los momentos más importantes de la historia del país.

Los 155 convencionales que forman parte de este órgano, y que fueron electos por el voto popular el 15 y 16 de mayo de 2021, asumieron el 4 de julio del año pasado con la misión de escribir el borrador de la Constitución que sustituirá a la que está vigente y que es herencia del fallecido dictador Augusto Pinochet.

La iniciativa deberá estar terminado entre agosto y septiembre de este año y después se someterá a un plebiscito para que la ciudadanía decida si la aprueba o la rechaza. Si el voto es mayoritariamente positivo, la nueva Constitución será promulgada por Gabriel Boric, el líder de izquierda que jurará como presidente el próximo 11 de marzo.

El simbolismo rodea por completo a este proceso, ya que tanto la Convención como el triunfo de Boric son resultado del estallido social que enfrentó Chile a partir de octubre de 2019 y que puso en jaque al Gobierno de Sebastián Piñera, el presidente que jamás logró recuperarse de las protestas masivas en su contra.

Su debacle política se tradujo en la derrota de la derecha en todas las elecciones realizadas desde entonces. En la Convención, la alianza conservadora Vamos por Chile apenas si obtuvo 38 escaños, muy lejos de los 52 que necesitaba para tener derecho de veto en las votaciones.

Por eso, desde que comenzaron los trabajos, los convencionales de derecha, que son minoría, han replicado quejas sobre el funcionamiento del organismo. Y las reforzaron ahora que la nueva Constitución comienza a tomar forma.

Organización

La mayoría de la Convención quedó en manos de organizaciones y partidos de izquierda o progresistas que postularon a una nueva generación de líderes que desplazaron a la clase política tradicional chilena.

Feministas, ambientalistas y activistas de la diversidad sexual y de los derechos humanos en general tienen predominio en un órgano que, en su diseño, contempló la equidad de género y cuotas para los pueblos indígenas; y que hasta ahora eligió a dos mujeres como presidentas: la intelectual mapuche Elisa Loncón y la investigadora María Elisa Quinteros Cáceres.

Durante sus primeros meses de existencia, la Convención se dedicó a definir un reglamento interno, los grupos de trabajo y sus integrantes. Así, se dividió en 10 comisiones:

• Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral.
• Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía.
• Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal.
• Derechos Fundamentales.
• Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico.
• Sistema de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional.
• Sistemas de Conocimiento, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios.
• Participación Popular.
• Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacional.
• Enlaces Transversales.

Acordar su funcionamiento y las comisiones le demandó meses de trabajo a la Convención, lo que generó ansiedad y crítica en parte de los medios y en ciudadanos que querían ver lo más pronto posible avances en la redacción de los artículos que, para ser incorporados, deben obtener el apoyo de por los menos dos tercios de los convencionales, o sea, 103 votos, lo que obliga a debatir de manera intensa y durante varias horas, ya que las fuerzas de izquierda o progresistas que tienen amplia mayoría no actúan de manera abroquelada.

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