Casi dos centenares de países que participan en las negociaciones para un tratado global sobre pandemias se reúnen en Ginebra en la etapa final de ese proceso, en el que aún subsisten desacuerdos que hacen que su resultado final sea imprevisible, según han reconocido organizaciones vinculadas a estos trabajos.

El grave impacto que tuvo la pandemia de COVID-19 convenció a los países de seguir la propuesta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de negociar un tratado internacional que garantice que el mundo estará mejor preparado si sobreviene otra pandemia y que habrá más equidad -entre países y grupos de población- en el acceso a las herramientas médicas que se desarrollen.

La reciente emergencia sanitaria internacional por el brote en varios países de la mpox (conocida anteriormente como viruela símica) y el reciente descubrimiento de la gripe aviar en ganado vacuno han sido tomados como ejemplos de la importancia de que el mundo se dote de un nuevo instrumento legal que permita una mejor coordinación y respuesta a pandemias.

Las negociaciones en persona concluirán este fin de semana y, en caso de que el texto no quede cerrado, podrían proseguir de forma telemática, comentó una fuente próxima a las reuniones.

La intención es someter una versión definitiva para su adopción oficial en la próxima asamblea anual de la OMS, que empieza a finales de mes.

Según organizaciones como la Iniciativa sobre Medicinas para Enfermedades Olvidadas (DNDi), que sigue de cerca estas negociaciones, el lenguaje que se utiliza en el texto sobre transferencia de tecnología y conocimiento en situaciones de pandemia es “muy débil”, con lo que los países menos avanzados podrían quedar nuevamente rezagados de los avances científicos que se logren, como ocurrió durante la crisis de COVID-19.

Otro aspecto que genera controversia es el que plantea que toda medicina o suministro sanitario que se desarrolle con fondos públicos debe ser accesible de forma equitativa, un imperativo que ha ido perdiendo fuerza a lo largo de las negociaciones.
Según las últimas versiones del texto, la obligación de que todo producto que se desarrolle con dinero público sea accesible a todos se ha diluido y ahora se trata de una condición más bien imprecisa.

DNDi considera que el tratado debe incluir cláusulas para concretar ese acceso, de forma que los productos estén disponibles y a precios asequibles para las poblaciones que los necesiten.

Otros aspectos vitales en discusión son la petición de muchos países y colectividades de mayor transparencia cuando un gobierno firma un contrato con una compañía farmacéutica, de modo que todos los términos del arreglo sean de conocimiento público y no solo una parte.

Asimismo, se plantea que los derechos de propiedad intelectual no sean una barrera para acceder a productos o tecnologías vitales en caso de pandemia.

Para Médicos Sin Fronteras (MSF), una organización que también ha seguido estas negociaciones desde que empezaron hace dos años, el tratado que se discute plantea soluciones a problemas de equidad que fueron escandalosos durante la covid-19, pero que también se han observado en otros brotes de enfermedades infecciosas en los últimos años.

La asesora legal de MSF, Yuanqiong Hu, dijo en una conversación con periodistas que la pandemia de 2020-2021 reveló que no existe un mecanismo de coordinación global funcional y que los que se intentaron poner en marcha en ese momento -como Covax, para distribuir vacunas entre los países más pobres- no funcionaron como se esperaba.

Al igual que las organizaciones que trabajan por el bien común en el ámbito de la salud, la industria farmacéutica también sigue con atención estas negociaciones, transmitiendo el mensaje de que rebajar la protección de la propiedad intelectual o hacer obligatoria la transferencia de tecnología no es necesario ya que se puede hacer de forma voluntaria.

Hu criticó esa posición y recordó que durante la última pandemia solo se liberaron parcialmente tres patentes y en ningún caso se cubrió a la población mundial.

Con información de EFE