LO QUE VERDADERAMENTE IMPORTA
Por Mtra. Fanny Elizabeth Omaña Castellanos
Periodista | Especialista en Derechos Humanos | Educadora
Hay ausencias que no dejan una silla vacía en la mesa ni una cama sin ocupar. Son silenciosas. Habitan en hogares donde todos están presentes, pero pocos se escuchan; donde las conversaciones han sido sustituidas por pantallas y las preguntas de los hijos encuentran respuestas apresuradas, indiferencia o silencio. Son ausencias que no siempre se ven, pero que pueden dejar profundas huellas en la vida de niñas, niños y adolescentes.
Nos preocupa que las nuevas generaciones cuestionen la autoridad, pierdan el interés por aprender, manifiesten dificultades para regular sus emociones o encuentren refugio en el mundo digital. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a formular una pregunta verdaderamente incómoda: ¿quién está educando a nuestros hijos mientras los adultos estamos ocupados señalando sus errores?
Hemos construido una sociedad que exige respeto, responsabilidad, disciplina y buenos resultados académicos, pero que no siempre ofrece el acompañamiento necesario para desarrollar esas capacidades. Queremos adolescentes emocionalmente estables, aunque en ocasiones desatendemos sus necesidades afectivas; exigimos honestidad mientras normalizamos la mentira y reclamamos respeto cuando nosotros mismos hemos dejado de practicarlo.
La escuela se ha convertido en uno de los escenarios donde estas contradicciones se hacen más visibles. En sus aulas no solamente se enseñan conocimientos: también se manifiestan conflictos familiares, carencias emocionales, dificultades de convivencia y necesidades que rebasan la preparación y las atribuciones del personal docente. Pretender que una maestra o un maestro resuelva, sin apoyo especializado, aquello que corresponde atender conjuntamente a las familias, las instituciones y el Estado es tan injusto como irresponsable.
Pero sería igualmente equivocado responsabilizar de manera indiscriminada a madres y padres. Muchas familias enfrentan jornadas laborales extenuantes, precariedad económica y condiciones que dificultan la convivencia. La ausencia de tiempo no siempre significa ausencia de amor. Precisamente por ello, las políticas públicas deben ofrecer condiciones reales para que el cuidado y la crianza no se conviertan en privilegios.
La tecnología merece igualmente una reflexión seria. No podemos atribuirle todos los problemas de la infancia, pero tampoco ignorar que las plataformas digitales disputan cada día la atención de los adolescentes y pueden exponerlos a contenidos perjudiciales. El desafío no consiste únicamente en restringir dispositivos, sino en formar criterios, fortalecer vínculos y enseñar a utilizarlos responsablemente.
La responsabilidad gubernamental tampoco puede quedar fuera de esta reflexión. En San Luis Potosí, la Secretaría de Educación Pública registró 8,185 escuelas de educación básica y 542,948 estudiantes durante el ciclo escolar 2024-2025. Desde 2018 existen antecedentes legislativos que plantearon incorporar gradualmente especialistas en psicología a los planteles. Por su parte, el artículo 76 de la Ley de Educación estatal contempla la prestación de servicios de orientación educativa, trabajo social y psicología, de acuerdo con las necesidades de cada plantel y la suficiencia presupuestal.
Sin embargo, persiste una interrogante fundamental: ¿cuántos psicólogos atienden realmente a los estudiantes de educación básica en nuestro estado? En septiembre de 2026, el presidente de la Comisión de Educación del Congreso local, diputado Crisógono Pérez López, reconoció desconocer la cifra exacta de escuelas que cuentan con estos profesionales y señaló las limitaciones presupuestales para garantizar su presencia. Nuestra investigación tampoco permitió localizar un registro público oficial, actualizado y consolidado que precise cuántos psicólogos prestan servicio, en qué planteles trabajan y a cuántos estudiantes atienden. Esto no demuestra que los servicios sean inexistentes, pero sí dificulta conocer su cobertura y evaluar el cumplimiento de las responsabilidades institucionales.
Las leyes no son recomendaciones sujetas a la voluntad de los gobernantes. Mientras sus disposiciones permanezcan vigentes, las autoridades están obligadas a cumplirlas en los términos que establecen. La insuficiencia presupuestal no las deroga ni las exime automáticamente de sus responsabilidades. Corresponde, por tanto, al Gobierno explicar qué acciones ha realizado, qué recursos ha destinado y qué resultados ha obtenido para garantizar los servicios contemplados en la legislación educativa. Reconocer derechos sin establecer las condiciones necesarias para hacerlos efectivos puede convertirlos en promesas que se repiten durante años, mientras las necesidades de la infancia continúan esperando.
El contraste presupuestal merece atención. De acuerdo con lo informado por la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas ante el Congreso estatal en octubre de 2024, la construcción de la Arena Potosí representó una inversión de 658 millones de pesos. La discusión no consiste en descalificar los espacios recreativos ni desconocer sus posibles beneficios económicos, sino en exigir que las prioridades presupuestales respondan también a necesidades fundamentales. Una sociedad puede construir grandes recintos para el entretenimiento, pero no debería perder de vista la atención emocional de su infancia. ¿Cómo podemos hablar del interés superior de la niñez si ni siquiera contamos con información pública suficiente para evaluar el alcance de los servicios destinados a proteger su bienestar emocional?
Nuestra legislación reconoce a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y establece obligaciones para quienes deben garantizar su bienestar. Sin embargo, el interés superior de la niñez no puede quedarse en una expresión repetida en discursos oficiales mientras faltan respuestas oportunas ante sus necesidades educativas, emocionales y de protección. Los derechos no se garantizan únicamente al reconocerlos en las leyes, sino mediante decisiones y acciones que permitan ejercerlos.
Hemos aprendido a hablar de nuestros niños, a decidir por ellos y a señalar sus equivocaciones, pero todavía nos cuesta escucharlos. Reconocerlos como sujetos de derechos significa también permitirles expresar sus preocupaciones, sus necesidades y sus desacuerdos, sin confundir la escucha con la ausencia de límites. Educar implica orientar, establecer responsabilidades y corregir, pero hacerlo desde el respeto y la dignidad humana. Comprender una conducta no equivale a justificarla; significa intervenir con mayor responsabilidad.
No estamos frente a una generación perdida. Estamos frente a generaciones que necesitan adultos presentes, instituciones capaces de responder y una sociedad dispuesta a reconocer sus propias contradicciones. En ese contexto, las iniciativas de educación socioemocional pueden contribuir a que niñas, niños y adolescentes identifiquen y expresen lo que sienten. La Secretaría de Educación Pública presentó para el ciclo escolar 2026-2027 la estrategia «El ABC de las Emociones», acompañada del anuncio de 16 millones de guías destinadas a estudiantes, familias y docentes. Asimismo, la SEP y UNICEF han desarrollado materiales para promover habilidades socioemocionales y herramientas para la vida. Son esfuerzos educativos que merecen reconocimiento, pero también seguimiento y evaluación de sus resultados.
Aprender a identificar las emociones mediante un cuadernillo no equivale a recibir atención psicológica. Los materiales educativos pueden orientar, sensibilizar y fortalecer habilidades, pero no sustituyen la escucha, el acompañamiento cotidiano ni la intervención de profesionales cuando resulta necesaria. Tampoco pueden considerarse una respuesta institucional suficiente frente a necesidades que requieren personal especializado, seguimiento y recursos. La infancia no necesita solamente materiales impresos ni discursos conmovedores sobre su importancia: necesita tiempo, protección, oportunidades, atención oportuna y ejemplos que den sentido a las palabras.
Antes de preguntarnos qué clase de adultos serán nuestros niños, deberíamos preguntarnos qué clase de adultos estamos siendo nosotros para ellos. Porque no basta con reconocer sus derechos en las leyes si, en la práctica, seguimos postergando las condiciones necesarias para garantizarlos.
Nuestra responsabilidad es impedir que niñas, niños y adolescentes enfrenten en soledad aquello que los adultos y las instituciones debemos atender. Convertir ese compromiso en hechos, y no dejarlo reducido a promesas, es… lo que verdaderamente importa.
