Lo que verdaderamente importa
Por Mtra. Fanny Omaña
Periodista | Especialista en Derechos Humanos | Educadora
La democracia pierde sentido cuando el ciudadano solamente cuenta el día de la elección y vuelve a ser invisible al siguiente.
Al mirar a San Luis Potosí en estos días, entre anuncios de obras, aspiraciones que comienzan a insinuarse, nombres que aparecen cada vez con mayor frecuencia y una ciudadanía que vuelve a escuchar promesas sobre el futuro, me surgió una pregunta distinta a la que suele dominar la conversación política: ¿qué tendría que cambiar realmente de nuestro sistema para que gobernar significara construir prosperidad, seguridad y justicia, y no solamente administrar cifras durante seis años?
La pregunta conduce inevitablemente a otras. ¿Dónde radica tanta desigualdad? ¿Por qué después de décadas de elecciones, alternancias, reformas, instituciones y discursos seguimos encontrando mexicanos para quienes el acceso a la educación, la justicia, la salud, la seguridad o un empleo digno depende todavía del lugar donde nacieron, de cuánto ganan o incluso de a quién conocen? Y algo más inquietante: si hoy tenemos mayor acceso a la información, ¿por qué conocer nuestros problemas no nos ha convertido necesariamente en ciudadanos más exigentes frente al poder?
No escribo estas líneas desde una filiación partidista ni con la intención de favorecer o descalificar anticipadamente a nadie. Las escribo como ciudadana, periodista, educadora y defensora de derechos humanos, precisamente cuando San Luis Potosí comienza a entrar en ese periodo en el que los movimientos políticos se vuelven cada vez más visibles rumbo a la renovación de la gubernatura.
Conviene precisar los tiempos. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) ha establecido que el Proceso Electoral Local 2026-2027 iniciará formalmente el próximo 15 de noviembre, mientras que la jornada electoral se celebrará el 6 de junio de 2027, cuando se renovarán la gubernatura, el Congreso del Estado y los 59 ayuntamientos. Todavía no estamos, por tanto, en campañas formales. Pero sería ingenuo afirmar que la disputa por el poder comenzará hasta entonces.
Y quizá justamente por eso éste sea el momento correcto para preguntar no quién quiere gobernarnos, sino para qué quiere gobernarnos.
San Luis Potosí posee una memoria histórica que debería obligarnos a formular esa pregunta con mayor severidad. Francisco I. Madero estuvo encarcelado en esta ciudad después de enfrentarse políticamente al régimen de Porfirio Díaz. Tras escapar, el documento que convocaría al levantamiento revolucionario quedó fechado como Plan de San Luis, 5 de octubre de 1910, bajo una consigna que atravesaría la historia nacional: “Sufragio efectivo. No reelección”. Aquella lucha puso en el centro un problema que, con formas distintas, continúa interpelándonos: la concentración del poder y la distancia entre quienes gobiernan y quienes son gobernados.
Más de un siglo después tenemos elecciones periódicas, organismos electorales, partidos, congresos y mecanismos de participación. Pero una democracia no puede considerarse consolidada solamente porque existen urnas. También se mide por lo que ocurre entre una elección y la siguiente: por la fortaleza de sus instituciones, la independencia de la justicia, la rendición de cuentas, la distribución de oportunidades y la capacidad real del ciudadano para exigir respuestas.
La propia Constitución Política del Estado establece que la protección de los derechos de sus habitantes y la permanente búsqueda del interés público constituyen la base de nuestras instituciones políticas y sociales. No es una concesión del gobernante en turno. Es la razón jurídica de su existencia. Entonces, ¿qué ocurre cuando llevamos ese principio a la realidad?
En 2024, 30.4 por ciento de la población de San Luis Potosí se encontraba en situación de pobreza multidimensional, aproximadamente 874 mil 800 personas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El promedio nacional fue de 29.6 por ciento. San Luis permaneció ligeramente por encima de esa media.
Detrás de esos porcentajes no existen seres humanos abstractos. Hay familias que postergan una consulta médica, jóvenes que abandonan estudios, personas sin seguridad social y comunidades donde acceder a determinados servicios significa recorrer kilómetros. Hay trabajadores para quienes cualquier enfermedad o pérdida del empleo puede alterar por completo la vida de un hogar.
El mercado laboral ofrece otro retrato. Durante el primer trimestre de 2026, 714 mil personas trabajaban en alguna modalidad de informalidad laboral en San Luis Potosí, equivalentes al 55.7 por ciento de la población ocupada, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI. Fueron además 27 mil personas más que en el mismo periodo de 2025.
Esto obliga a desmontar una comodidad discursiva: no basta decir que existe empleo. Importa preguntar qué clase de empleo existe. Trabajar sin seguridad social, sin estabilidad, sin posibilidad de jubilación o con ingresos insuficientes puede mejorar determinadas estadísticas, pero no necesariamente construir bienestar.
La seguridad presenta otra paradoja. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) reportó que en junio de 2026 62.5 por ciento de las personas adultas de la ciudad de San Luis Potosí consideraban inseguro vivir en ella. En marzo habían sido 57.6 por ciento. El incremento trimestral no fue estadísticamente significativo, por lo que sería incorrecto presentarlo como una tendencia consolidada. Al mismo tiempo, frente a junio de 2025 —cuando la percepción alcanzaba 74.8 por ciento— existe una mejoría importante.
Esa doble lectura es precisamente la que deberíamos exigir de cualquier gobierno: reconocer los avances sin utilizarlos para ocultar aquello que todavía falta. Porque uno de nuestros problemas comienza cuando gobernar se convierte en una guerra de estadísticas.
Unos seleccionan las cifras que permiten afirmar que todo marcha bien; otros escogen únicamente aquellas con las que pueden demostrar que todo marcha mal. En medio queda el ciudadano, cuya vida no cabe completa en ninguna gráfica.
El ciudadano vive la seguridad cuando su hija regresa a casa. Vive la economía cuando abre la cartera. Vive la salud cuando necesita una consulta. Vive la educación cuando entrega a sus hijos a una escuela. Vive la justicia cuando denuncia. Y vive al gobierno cuando necesita una respuesta y descubre si la institución está verdaderamente a su servicio o solamente existe detrás de un escritorio.
Por eso, cuando preguntamos qué tendría que cambiar en nuestro sistema político, la respuesta no puede limitarse a sustituir un partido por otro. México necesita instituciones suficientemente fuertes para que el rumbo del Estado no dependa de la voluntad, simpatía, apellido o grupo político de una sola persona.
Necesitamos servicio público profesional, donde capacidad y experiencia pesen más que cercanía o lealtad partidista; fiscalías capaces de investigar sin preguntar quién está involucrado; policías profesionalizadas; órganos de vigilancia con capacidad real de actuar; presupuestos que puedan ser examinados por cualquier ciudadano; obra pública evaluada por su utilidad y no por su capacidad propagandística, y programas sociales entendidos como derechos, jamás como favores que deban agradecerse electoralmente.
También necesitamos continuidad institucional. Un estado no puede comenzar de nuevo cada tres o seis años. Si una política pública funciona, debería permanecer aunque cambie el partido gobernante. Si un servidor público tiene experiencia y capacidad, no tendría que ser desplazado únicamente porque llegó una nueva administración. Y si una estrategia fracasa, debería corregirse mediante evidencia, no sostenerse para proteger el orgullo de quien la diseñó.
Ahí se encuentra una parte esencial de nuestra desigualdad. La desigualdad no comienza únicamente cuando comparamos cuánto dinero poseen dos personas. Comienza cuando un niño recibe oportunidades distintas por haber nacido en determinada comunidad; cuando una mujer modifica horarios y recorridos por miedo; cuando un joven termina una carrera y descubre que estudiar no le garantiza movilidad social; cuando un adulto trabaja durante décadas sin construir seguridad para su vejez, o cuando frente a la misma ley una persona encuentra puertas abiertas y otra solamente obstáculos.
La desigualdad más peligrosa es aquella que termina convenciéndonos de que algunos mexicanos merecen más Estado que otros.
Pero sería demasiado sencillo colocar toda la responsabilidad fuera de nosotros. Los gobiernos tienen obligaciones superiores porque administran recursos públicos, ejercen autoridad y poseen instrumentos que el ciudadano común no tiene. Esa responsabilidad nunca debe diluirse. Sin embargo, una democracia tampoco puede sobrevivir con una ciudadanía que solamente participa el día de la elección.
También nosotros hemos normalizado demasiado. Normalizamos la descalificación en lugar del argumento. Compartimos información sin verificar. Justificamos aquello que condenábamos cuando lo hacía otro partido. Guardamos silencio frente a determinadas injusticias porque no nos afectan directamente. Y todavía agradecemos al gobernante una obra realizada con recursos públicos como si hubiera salido de su patrimonio personal. Quizá ahí comience una parte de nuestra descomposición: cuando dejamos de sorprendernos ante aquello que nunca debimos considerar normal.
Por eso, rumbo a 2027, quisiera escuchar mucho menos sobre colores y mucho más sobre proyectos. Quien aspire a gobernar San Luis Potosí debería explicar cómo disminuirá la informalidad laboral; qué hará para reducir las enormes diferencias entre la capital, la Huasteca, el Altiplano y la Zona Media; cómo fortalecerá policías y procuración de justicia; de qué manera transparentará el gasto; qué política educativa propone; cómo garantizará servicios públicos independientemente de simpatías electorales y qué mecanismos permitirá para que la ciudadanía evalúe sus compromisos. Sobre todo, tendría que demostrar cómo gobernará también para quienes jamás voten por él o por ella.
Eso debería significar gobernar democráticamente: no pedir agradecimiento, sino rendir cuentas; no repartir favores, sino garantizar derechos; no silenciar la crítica, sino escucharla; no administrar la pobreza, sino combatir sus causas; no acostumbrarnos al miedo, sino construir seguridad; y, sobre todo, no confundir una victoria electoral con la propiedad del Estado.
San Luis Potosí tiene demasiada historia para conformarse con una política pequeña. Es una tierra cuyo nombre quedó ligado a una de las proclamas políticas más importantes de la Revolución Mexicana y que, paradójicamente, más de un siglo después continúa enfrentándonos a la misma pregunta esencial: ¿para quién se ejerce el poder?
Muy pronto volveremos a escuchar palabras como progreso, transformación, continuidad, bienestar, futuro, justicia y cambio. Las pronunciarán prácticamente todos. Nuestra responsabilidad será no enamorarnos de las palabras. Preguntemos cómo, con qué recursos, en qué plazo y mediante qué indicadores podrá verificarse cada promesa. Recordemos compromisos, comparemos resultados y entendamos, finalmente, que votar no significa entregar nuestra voz durante seis años.
El voto no termina cuando la boleta cae dentro de una urna; ahí comienza nuestra responsabilidad. Porque quizá el cambio más profundo que necesita nuestro sistema político no dependa únicamente de encontrar mejores gobernantes, sino de construir instituciones capaces de impedir los abusos y ciudadanos que jamás renuncien a vigilarlas.
Entonces San Luis Potosí podrá mirar de frente su propia historia y acaso podremos decir que aquellos principios de libertad, democracia y justicia que alguna vez estremecieron al país desde un documento que llevó el nombre de esta tierra dejaron finalmente de ser memoria para convertirse en realidad.
Lo que verdaderamente importa no será quién llegue al Palacio de Gobierno en 2027. Será qué San Luis Potosí encontraremos al terminar su mandato y cuánto estaremos dispuestos, como ciudadanos, a exigir para que ninguna persona vuelva a ser solamente una estadística más.
