María Teresa Carrizales Hernández, exoficial del Registro Civil que fue desalojada de forma violenta por órdenes del secretario General, Sebastián Pérez García, exigió la destitución inmediata del titular de Seguridad Pública Municipal, Edgar Oswaldo Jiménez Arcadia y del secretario General del Ayuntamiento.
Recalcó que hay una denuncia por un nuevo delito, «es falsificación y uso de documentos públicos, también vengo aquí con los regidores que son la autoridad máxima aunque al alcalde no le quepa en la cabeza que esto no es un Virreinato, el Cabildo es la autoridad máxima y ese órgano es el que decides sobre su futuro».
Resaltó que, buscaba saber dónde están los responsables de la Seguridad Pública en San Luis Potosí, el presidente municipal, el secretario como para que su comisario actúe solo y haga dichas brutalidades.
«Se les dotó de patrullas, se le dotó de recursos, se le dotó de elementos policíacos, se le ponga al frente de una Comisión, de un Comité para enfrentar las violencias a las mujeres, esto o son ineptos, o son incubridores, o son unos corruptos, o son unos incompetentes».
En cuanto a que el edil se lavó las manos sobre el tema, dándole la responsabilidad total a la Contraloría Interna, señaló sobre qué otra prueba requieren.
La exoficial adelantó que «yo estoy muy contenta porque en base a esta recomendación de Derechos Humanos e tenido la oportunidad de estar en contacto con la gente del señor presidente López Obrador, y me acaban de dar cita para ir a la función en México y poder presentar todo esto y denunciar. (…) Tengo mucha esperanza de que aquí en San Luis Potosí si no hay autoridades competentes, en México las haya».
