«Aquí estamos hablando de una serie de violaciones a derechos humanos en las cuales las autoridades de la entidad y también las autoridades federales tienen muchas cuentas que rendir», señaló Erick Monterrosas, Oficial Adjunto del Programa de Protección y Defensa de la organización Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, y quien ha documentado desde el primer momento el caso del asesinato del fotoperiodista, Édgar Daniel Esqueda Castro, aseguró que este caso debe seguirse en función de las amenazas que recibió de parte de elementos de la Policía Ministerial del Estado, así como por su trabajo periodístico que fue producto de estas amenazas.
Monterrosas indicó que el asesinato de Édgar Daniel tiene la gravedad del conocimiento previo de amenazas por parte de autoridades del Estado, en este caso la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) tenía pleno conocimiento y no quedan claras cuáles fueron las acciones, los términos de seguimiento, las recomendaciones que se emitieron a la autoridad, ni tampoco las políticas públicas que implementó concretamente el Gobierno de San Luis Potosí.
Otra cuestión que preocupa mucho son los indicios tan fuertes que hay de participación de autoridades del Estado, en este caso policías ministeriales, además de manera inmediata la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) salió a deslindar que el periodista estaba desaparecido, cuando era una presunción de desaparición forzada, es decir perpetrada por agentes del Estado, pero lo primero que sale a decir vía redes sociales es que no había participación de elementos de la Policía Ministerial, esto sin haber llevado a cabo una investigación diligente ni mucho menos exhaustiva, «parece más bien una declaración con el fin de eximir a las autoridades», pues hay indicios de participación de fuerzas del propio Estado, esto configura una de las violaciones de gravedad máxima de derechos humanos.
Ante esto Artículo 19 exige a las autoridades, como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) que ejerza su mandato constitucional y atraiga el caso con los indicios de participación de agentes del propio estado, el precedente también se basa en la investigación expedita por parte de las autoridades locales en donde justamente no se ve que tengan ni la voluntad política ni la capacidad de investigar; además las autoridades fueron totalmente omisas, no sirvieron de nada las medidas, tampoco se tiene información pública concreta sobre si se incrementaron las medidas, no sólo a nivel individual sino que están haciendo para revertir el clima de riesgo hacia la población vulnerable, que en este caso son los periodistas.
50 por ciento de agresiones a periodistas son por parte de funcionarios públicos.
Monterrosas indicó que esta presunta comisión del crimen por parte de autoridades del Estado también se da en un contexto más amplio en donde desde Artículo 19 ha documentado que más del 50 por ciento de las agresiones contra periodistas en México son por parte de funcionarios públicos, el principal agresor de la prensa se encuentra en espacios de seguridad, de todo esto el mayor responsable es la autoridad, pues si se tiene conocimiento de que hay un contexto adverso, un clima de riesgo no se hace nada, en ese sentido el miedo del gremio tiene una justificación.
Resaltó que no es la primera agresión que Artículo 19 registra en San Luis Potosí, de hecho se han registrado algunos casos más por la censura provocada partir de amenazas, acoso hostigamiento, y violencia institucional, como en contra de un periodista de la Jornada San Luis, entonces si hay otros casos, y si bien la entidad no es de las que figura en asesinatos de periodistas, como Veracruz, Oaxaca, o la Ciudad de México, sí es un gran llamado de atención.
Por ello el llamado no sólo es a las autoridades locales sino también al mecanismo federal de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas dependiente del la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a que articulen todo el andamiaje de su junta de gobierno que incluya a la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre otras instancias para que efectivamente implementen medidas que sirvan para disminuir el riesgo, «sin estas garantías de no repetición, sin que el Estado este mandando mensaje y acciones contundentes pues realmente más bien lo que estamos esperando es que el clima de violencia no mejoré desgraciadamente», concluyó.
