El Estado de San Luis Potosí es considerado la octava entidad del país con mejor Índice de Desarrollo Democrático, IDD, donde se hace un análisis sobre cómo nos encontramos en términos legislativos en materia democrática, económica, social, y ciudadana; estándares que tuvieron buenas calificaciones.
Rubén Guajardo Barrera, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, consideró que esto obedece al trabajo que se ha realizado por parte del Congreso del Estado que en el transcurso de esta legislatura se ha preocupado por sectores como el de la mujer, indígena, economía, seguridad, salud, y la equidad político electoral.
“A San Luis Potosí le va bien, por algunos avances que se han dado en temas legislativas, en el 2018 tuvimos un 62 por ciento de participación y cada seis años en nuestros procesos electorales tenemos mucha participación social, y se han hecho reformas sobre paridad y acciones afirmativas, reforma constitucional, tenemos una ley de consulta indígena que nos pone en los primeros lugares para el desarrollo democrático de este sector de la población”
Aunque también, es importante reconocer que en este estudio también se señala un aspecto preocupante, que es que se sigue observando corrupción en las instituciones, lo que hace que San Luis Potosí, obtenga bajas calificaciones.
“Sobre todo, podemos ver y analizar algunas conclusiones que nos van a ayudar a aterrizar nuevas iniciativas que sean a favor de la democracia participativa, aunque ya hemos trabajado en acciones afirmativas para la participación democrática de nuestra población indígena, pero tenemos que trabajar en la percepción que se tiene de las instituciones en materia de corrupción, es un asunto que tenemos que fortalecer”.
En este Índice de Desarrollo Democrático, IDD, está sugiriendo al Estado de San Luis Potosí, incentivar la participación ciudadana en los procesos electorales, generar procesos de construcción de ciudadanía, fortalecer el respeto de los derechos políticos, potenciar la construcción de ciudadanía en la agenda pública, aspectos que el legislador panista está comprometido a atender.
Al igual que promover la democratización de los partidos políticos, especialmente en la selección de sus candidatos, favorecer la participación de la mujer en los poderes del Estado, instrumentar mayores herramientas para facilitar la participación de la ciudadanía en las decisiones públicas, encaminar canales de diálogo y de contención a grupos sociales excluidos y lograr una mayor satisfacción de sus demandas, profundizar la lucha contra la pobreza y el desempleo, mejorar los resultados y los recursos en las áreas de educación y salud, incrementar el PIB per cápita, desarrollar una mejor complementariedad entre Estado y sociedad, optimizar la recaudación fiscal para lograr una mayor autonomía y promover políticas de inversión y de formación de capital fijo del Estado.
