Ante la posibilidad de que, como resultado de la aprobación e implementación de la Ley de Seguridad Interior en todos lo estados de la República Mexicana se desate una ola de abusos por parte de la autoridad en contra de la ciudadanía, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Juan Paulo Almazán Cué, aseguró que se mantendrán atentos y vigilantes para impedir que esta ley sea una medida de represión o de abuso social.

Indicó que, en trabajo conjunto con la Suprema Corte, se deberán establecer mecanismo que permitan supervisar el actuar del Ejército y de las demás corporaciones de seguridad pública para tener la certeza de que su comportamiento está apegado a la ley y que no se permitirán, bajo ninguna circunstancia, abusos o atropellos a los derechos humanos de los mexicanos, independientemente del trabajo que habrán de desempeñar los militares.

Agregó que en San Luis Potosí se estará prestando la atención debida y se trabajará con las demás instancias que tienen participación en este asunto pues se trata de generar un trabajo coordinado entre todas las dependencias y con la misma ciudadanía para que esta posible aplicación traiga más beneficios que problemas.