El vocero del Arzobispado, Juan Jesús Priego Rivera indicó que se deben garantizar y respetar los derechos humanos en todo proceso de desalojo.
En relación al caso de la abogada Maria Teresa Carrizales quien fue desalojada de manera violenta de las Oficinas del Registro Civil, expuso que existen dos realidades que son difíciles de armonizar, por un lado los derechos humanos y por el otro la Ley de Servidores Públicos, por lo que se debe entablar un diálogo y resolver el conflicto.
«No hay derecho de ejercer la violencia, pero sí hay derecho a aplicar la ley, es una cuestión bastante complicada en ese sentido», dijo.
Pese a ello Priego Rivera consideró que se debió proceder de otra manera en el desalojo, «utilizar las instancias que la ley ordena para hacer un desalojo de este tipo, a nadie se puede maltratar, nadie tiene derecho a utilizar el maltrato», comentó.
Asimismo pidió a la autoridad municipal que acate las recomendaciones que emite la CEDH toda vez que no aceptó la relacionada con el caso de violación al derecho a la inclusión en la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, que originó el Plan Municipal De Desarrollo 2018-2021, en agravio de la comunidad Mixteca Baja, que habita en el municipio de San Luis Potosí.
«Todas las recomendaciones para los servidores públicos deben acatarse», enfatizó.
