Este martes, el periodista agredido por un policía ministerial presentó la denuncia formal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), aunque dijo que no se han aplicado como tal medidas de protección a su persona.

Recordó que hace poco más de dos años presentó otra denuncia por represalias del director de comunicación social de Gobierno del Estado y desde entonces se dijo que se activaría el protocolo de protección a periodistas, sin embargo ni siquiera se le ha explicado en qué consiste.

Dijo que por un tiempo se le asignó seguridad pero el plazo concluyó en enero pasado y ya no fue renovado por la Secretaría de Seguridad Pública.
Además dijo que por parte de las autoridades estatales sólo se le ha dicho que se está integrando la averiguación por aquella denuncia a pesar de que ya han pasado más de dos años.

Respecto al estatus del policía agresor, comentó que sólo se le ha dicho que fue suspendido pero ya solicitó pruebas documentales del procedimiento que se le sigue para verificar que existen, ya que no se ha dado acercamiento ni de la Secretaría General de Gobierno ni de la Comisión de protección a periodistas del Congreso del Estado.

En la presentación de la denuncia el periodista fue acompañado por el fiscal especial en delitos de corrupción, Jorge Alejandro Vera Noyola, quien explicó que existen dos procesos hacia el Policía Ministerial, uno administrativo que se lleva dentro de la procuraduría y por el cual se mantiene suspendido; y otro penal a raíz de la denuncia presentada este martes.

Dijo que mientras el procedimiento administrativo puede concluir en la separación del cargo, el penal también pudiera llevar a que se le dicte prisión de acuerdo a la gravedad del delito.

Asimismo comentó que ya existe una orden de restricción hacia la Policía Ministerial para evitar que se acerquen al periodista agredido, y que también se solicitó la activación del protocolo de protección a periodistas.