Del 2017 al 2019 se han practicado siete casos de interrupción voluntaria del embarazo producto de una violación, de los cuales dos se han presentado este año, informó Julieta Méndez Salas Coordinadora General de los Centros de Justicia para las Mujeres de San Luis Potosí.
Detalló que según los datos con los que cuenta el CJM, en la capital se registraron dos interrupciones del embarazo en el 2017; uno en 2018 y uno en el 2019; mientras que en Rioverde se practicó un caso en 2018; y en Matlapa un caso en 2018 y uno en 2019.
Señaló que de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-046 referente a la atención institucional enfocada a la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, se deben brindar las garantías por parte de las instituciones de procuración de justicia, de atención y de salud, a todas las mujeres cuando sufran violencia sexual.
En este caso dijo que los hospitales tienen la obligación de tener médicos que garanticen este derecho humano a las mujeres, y en caso contrario se debe acudir al Centro de Justicia para Mujeres para solicitar apoyo y que se haga de la forma más rápida.
Indicó que lo más importante de ello, es que las mujeres no deben quedarse calladas cuando son víctimas de un delito de carácter sexual.
“Lo que hemos visto en el Centro de Justicia es que a veces da pena, o a veces pensamos que para que me garanticen este derecho voy a ter que ir a presentar una denuncia, y voy a tener que ir explicando a todo mundo y todo mundo cuestionando a veces por la circunstancia de los casos sí hubo una responsabilidad por parte de las víctimas, lo cual sabemos que es totalmente erróneo, lo más importante es que las mujeres sepan que hay garantías para ellas”, dijo.
Expuso que incluso hay un caso donde se le negó el servicio a una usuaria por parte de un hospital del IMSS por lo que se emitió una recomendación por la CNDH donde se reconoce la violación de sus derechos y accedió a la interrupción del embarazo.
