Luego de que el Congreso del Estado aprobara por mayoría una iniciativa ciudadana que se encontraba rezagada desde el año 2015, en San Luis Potosí los delitos cometidos por funcionarios o servidores públicos en contra de la administración estatal o municipal ya puede ser perseguida de oficio por las autoridades correspondientes, es decir, ya no se requiere denuncia para que inicie el proceso legal.

La reforma, realizada al artículo 318 del Código Penal del Estado, contempla que todo delito relacionado con hechos de corrupción y que haya cometido por algún funcionario público deba ser perseguido de oficio por las instancias responsables de garantizar la justicia en la entidad por considerar que afectan no sólo a intereses particulares sino a los de todos los potosinos tomando en consideración que se estaría hablando del orden público.

El Congreso del Estado determinó por mayoría, con 21 votos a favor y uno en contra, que la reforma fuera procedente, sin embargo, para que este hecho pudiera concretarse tuvieron que pasar casi dos años y medio así como un amparo ante el Tribunal Electoral para impedir que la iniciativa fuera desechada.