El Congreso del Estado está comprometido a impulsar y aprobar la nueva Ley de Migración antes de que concluya la actual legislatura, y donde se contempla establecer con claridad la atención y respeto de los derechos humanos de los connacionales de San Luis Potosí, que por diversas circunstancias buscan mejorar sus condiciones de vida en el vecino país del norte.
El presidente de la Comisión de Asuntos Migrantes de la LXI Legislatura, diputado José Paz Villanueva Contreras, consideró que es una prioridad para el Congreso del Estado el impulsar herramientas de protección para los migrantes quienes se mantienen como una fuente importante de recursos para el estado, por el dinero que envían a sus familiares.
Recordó que San Luis Potosí, se ubica en el décimo lugar a nivel nacional de las entidades receptoras de los recursos que son enviados por los connacionales a sus lugares de origen; destacó que al cierre del 2017, San Luis Potosí recibió mil 049 millones de dólares de acuerdo a informes del Banco de México (Banxico).
Consideró que ante este panorama es necesario que el Congreso del Estado siga trabajando para sacar adelante la Ley de Migración, tomando en cuenta la urgencia de contar con herramientas de protección y respeto a los derechos humanos de los migrantes que cruzan por San Luis Potosí.
Informó que se trabaja coordinadamente con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), el Instituto Nacional de Migración (INM), el Instituto de Migración y de Enlace Internacional de Gobierno del Estado, así como la propia Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Expuso que esta Ley de Migración también busca proteger a los migrantes de otros países durante su paso por territorio potosino, pues desgraciadamente en la actualidad se cometen una serie de violaciones a sus derechos individuales de parte de alguna autoridad.
En lo que se refiere a los connacionales que buscan regresar a sus lugares de origen durante los periodos vacacionales, el diputado José Paz Villanueva Contreras, presidente de la Comisión de Asuntos Migrantes del Congreso del Estado, reconoció que lamentablemente siguen prevaleciendo la prácticas del abuso de autoridad, la extorsión y el chantaje, por lo cual, es necesario agilizar la legislación que permita proteger con más eficacia los derechos y obligaciones de estas personas migrantes que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.
