El Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos con motivo de la suspensión del Programa de Estancias Infantiles y la eventual suspensión de la convocatoria para la asignación de subsidios para el funcionamiento de los refugios para mujeres y sus hijas e hijos que viven violencia; emitió un posicionamiento para solicitar al Ejecutivo Federal que respete el presupuesto asignado por el Legislativo en particular las designaciones para los programas que contribuyen a la equidad de género.
Señala que la incorporación de las mujeres en el trabajo remunerado es un proceso que en México conlleva a que muchas de ellas se enfrenten a obstáculos que les impidan participar plenamente, debido a la carga del trabajo no remunerado y a los tradicionales roles de género. Generalmente, a medida que se incorpora la presencia de las mujeres en los espacios laborales remunerados también aparecen las prácticas de discriminación que vulneran a sus derechos humanos. Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares en 2016 el 47% de las mujeres mayores de 15 años estaban de acuerdo con que las mujeres que trabajan descuidan a sus hijos.
Además de ello sostiene que el Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, constituye una medida que favorece el desarrollo de los niños y niñas conforme a los compromisos adquiridos por México en diversos instrumentos internacionales y que a su vez impactan en acciones afirmativas que contribuyen a mejorar las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral de madres, padres solos y tutores. Además, las estancias infantiles proporcionan certeza a padres y madres de que mientras desarrollan sus labores, sus hijos están siendo atendidos de forma adecuada.
“La cancelación de este programa y el otorgamiento de apoyos económicos directos a madres, padres o tutores para el cuidado y la atención de la primera infancia, constituyen medidas regresivas no solo carentes de perspectiva de género, sino que trastocan el interés superior de la infancia, lo que tendrá efectos diferenciados entre la población objetivo y por ende afectará la permanencia en los espacios laborales de las mujeres así como la progresividad de los derechos humanos de la infancia”.
Por tal motivo considera importante destacar, que el ahora titular del Ejecutivo Federal cuando era candidato a la presidencia, firmócon UNICEF, 5 compromisos urgentes por la infancia, en el ánimo de Consolidar el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, siendo primordial destacar el objetivo de “garantizar el desarrollo integral de los niños y niñas en la primera infancia, como el de poner fin a todas las formas de violencia contra la niñez y la adolescencia, y asegurar la atención y restitución integral de los derechos de aquellos que han sido víctimas.
Por otro lado, advierte que la violencia de género es un problema de salud pública que demanda una atención especializada y progresiva por parte del Estado. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer firmada y ratificada por el Estado Mexicano contempla como una de sus obligaciones la de “suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, inclusive refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los menores afectados”.
Expone que San Luis Potosí es uno de los Estados que mantiene en 6 de sus municipios la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres desde junio de 2017, esta medida demanda acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida, mientras que el único refugio con que se cuenta permanece a cargo de una Organización de la Sociedad Civil. Por ello, este Consejo ciudadano observa con preocupación la ligereza con la que se informó sobre la suspensión y el posterior restablecimiento de la convocatoria para el otorgamiento de subsidios de los refugios que se encargan de garantizar la seguridad de las mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas.
“Por todo lo anterior, se exhorta al Ejecutivo Federal para que dicte las medidas pertinentes que aseguren la continuidad de los programas federales que contribuyen a la igualdad de género; mismos que deberán contar con mecanismos tanto de monitoreo como de evaluación claros y transparentes, en cada fase de formulación e implementación de la política, y considerando que, una política pública debe atender a la progresividad tanto de los derechos humanos, como pasos y acciones afirmativas con perspectiva de género y a la luz del principio del interés superior de la infancia, donde el Estado tiene compromisos claros y el garantizar derechos no es una opción sino una obligación”.
