Invitado por la ANUIES, la SEP y la Embajada Norteamericana, el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Arq. Manuel Fermín Villar Rubio y 15 rectores más, suscribieron el acuerdo para la profesionalización de operadores y comunicadores del Sistema de Justicia Penal.
En esta alianza, se aprovechará la fortaleza académica de quince universidades afiliadas a la ANUIES, para profesionalizar al capital humano encargado de la operación del Sistema de Justicia Penal de nuestro país.
La ceremonia presidida por la Embajadora de los Estados Unidos en México, Roberta Jacobson; el secretario de Educación Pública Aurelio Nuño Mayer; el secretario de la ANUIES Jaime Valls Esponda y 15 rectores de Universidades públicas, entre ellas la UASLP, establecieron este acuerdo magno en la ciudad de México.
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, pusieron en marcha el programa Suma de Voluntades, para la Profesionalización y Certificación de Operadores y Comunicadores del Sistema de Justicia Penal, para reforzar la impartición de justicia en México.
El Programa, comprometido con la legalidad y el estado de derecho, a través de las quince Universidades, aportará a la profesionalización de los operadores. Además cuentan con el distintivo de idoneidad curricular, otorgado por la Suprema Corte de Justicia y la ANUIES; para su participación se consideró́ su experiencia en el Sistema de Justicia Penal.
Para la ANUIES, la realización de este programa, representa una oportunidad inmejorable para la promoción de la cultura jurídica en el país, aportando, a través de sus afiliadas, acciones concretas para la profesionalización de los responsables de implementar el Sistema de Justica Penal, con un enfoque a los derechos humanos, género y cultura de la legalidad.
El Programa, fortalece las estrategias diseñadas por el gobierno mexicano, para instrumentar el Sistema de Justicia Penal, a través del trabajo colegiado, que se sustenta en cuatro diplomados y tres especialidades, dirigidos a fiscales, asesores jurídicos, defensores de las víctimas y de las personas que instrumentan mecanismos alternos de solución de controversias.
