La diputada Alejandra Valdés Martínez presentó una iniciativa para reformar  los artículos 15, 105 y 133, del Código Familiar para el estado de San Luis Potosí, con lo cual se establecerían los matrimonios igualitarios

De aprobarse quedaría establecido que  El matrimonio es la unión legal entre dos personas, libremente contraída, basada en el respeto, con igualdad de derechos, deberes y obligaciones, que hacen vida en común, con la finalidad de proporcionarse ayuda mutua, formando una familia.

Además se establecería que el concubinato es la unión de hecho entre dos personas, libres de impedimentos de parentesco entre sí y vínculo matrimonial, a través de la cohabitación doméstica, la unión sexual, el respeto y protección recíproca, con el propósito tácito de integrar una familia con o sin descendencia.

En la exposición de motivos argumenta que en la legislación del Estado de San Luis Potosí, no existe una figura homóloga al matrimonio a la que pudieran tener acceso las parejas homosexuales que decidan formar una familia, siendo el matrimonio o el concubinato, son la única figura que el Estado reconoce y protege como familia, ello implica para las parejas homosexuales el impedimento de un derecho fundamental a recibir protección en materia de seguridad social, toma subrogada de decisiones médicas, alimentos, entre otras, discriminándolos por razón de su preferencia sexual, lo cual es contrario a lo prescrito por la Carta Magna.

Dijo que los artículos 15, 105, 133 del Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí violentan lo dispuesto en los artículos 1, 4 y 133 de nuestra Carta Magna, al transgredir derechos fundamentales como la igualdad y la no discriminación por razones de orientación o preferencia sexual, así como la protección que se debe brindar a la familia, entendida esta como una realidad social no homogeneizada, sino plural y diversa.

“Dichos artículos son discriminatorios y excluyentes ya que dejan sin la posibilidad de contraer matrimonio, el concubinato y parentesco a las personas homosexuales sin prever ninguna otra figura jurídica que se equipare a dicha institución, lo cual es grave ya que se desprende de dicha situación que las familias conformadas por personas del mismo sexo quedan sin protección alguna ante un Estado que excluye y discrimina a las personas en razón de su orientación o preferencia sexual”