Tobías López quien se desempeñó como presidente del Comisariado Ejidal de los años de 2007 a 2010 le solicitó al alcalde de la Capital Xavier Nava Palacios que no se preste al despojo de tierras que se pretende hacer en el Ejido La Pila y con el cual se beneficiaría a los sobrinos de Lorena Valle Rodríguez, esposa del gobernador Juan Manuel Carreras López.
Asimismo dio a conocer indicó que se busca anular el acta de la asamblea dura que se celebró en noviembre del año pasado “tenemos 90 días para impugnarla y estamos en 60 días y mañana iniciaremos al demanda de nulidad del acta de asamblea ya que el hecho de que no nos hayan permitió a entrar a la asamblea con metralleta en mano, es una falta de formalidad y como ejidatarios tenemos el derecho de entrar a esas asambleas”
Indicó que la intención del gobierno del estado es quedarse con las tierras del ejidatario ya que aseguró que se quieren repartir las tierras entre unos cuantos y cambiar el uso de suelo y entre los más beneficiados se encontrarían dos sobrinos de la esposa del gobernador a los empresarios Antonio Lorca Valle y Héctor Gómez Valle.
“Existe una gran corrupción en los diversos ámbitos del gobierno, nosotros no nos oponemos al progreso pero pedimos que nos respeten y que nos paguen las tierras”.
Dijo que las tierras de La Pila son muy codiciadas debido a que se encuentra en medio de dos zonas industriales, El Parque Industrial Logistik y la Zona Industrial del Potosí , “entonces nos quieren quitar las tierras a como dé lugar”.
Asimismo indicó que el gobierno del estado en lugar de proteger y atender las quejas de los ejidatarios está perjudicándolos.
“No nos quieren dar nada por medio de la asamblea dura se asignaron sin cumplir los requisitos de ley y donde se tiene que ser avecindado y Héctor Gómez Valle nunca ha vivido en el ejido, los torres corzo tampoco han vivido en el ejido no los Valladares”, agregó”
Entre las anomalías existentes ya denunciadas ante la Secretaria de la Reforma Agraria se encuentran el cambio de tierras ejidales a parcelas lo que ha facilitado a empresarios, coludidos con el gobernador Juan Manuel Carreras y funcionarios de su gabinete, comprar a precios irrisorios esas tierras en perjuicio de los ejidatarios.