El diputado Ricardo Villarreal Loo dijo que se debe considerar la importancia de la transparencia en las cuestiones relacionadas a la seguridad pública y a la procuración de justicia, dado que son las de mayor interés y preocupación ciudadana.

Ya que en la medida que el desempeño y las acciones que se realizan formen parte de un banco de información accesible, los ciudadanos se podrán dar cuenta de la acciones de las autoridades y la aplicación de los recursos, lo que sin duda les dará mayor legitimidad y eventual confianza social, y las dependencias a su vez, tendrán una plataforma pública útil para comunicar sus avances, medir sus ritmos y cotejar sus metas, al tiempo que le dan cumplimiento a la Ley.

Por ello, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, a fin de dar carácter de información pública a la que abunda sobre el ejercicio y destino de los recursos estatales y municipales, según aplique, así como el cumplimiento de los objetivos programáticos de seguridad pública y procuración de justicia; además de las acciones coordinadas entre los distintos órdenes de gobierno que se hayan efectuado en materia de seguridad pública.

Se busca adicionar a las obligaciones de transparencia datos sobre las partidas presupuestarias de fondos propios que sean ejecutadas, así como las acciones programáticas y acciones coordinadas realizadas, derivadas del diseño de las políticas de seguridad pública y procuración de justicia, tanto para el Ejecutivo del Estado y los Municipios, según corresponda a su ámbito de competencia.

Es decir, lo relativo a la procuración de justicia, al no constituir una atribución de los ayuntamientos, se reserva para el Ejecutivo estatal, sin embargo, es importante que se pueda tener acceso a la información de su competencia, en términos de las erogaciones realizadas en función de sus objetivos programáticos e indicadores de gestión.

Adicionalmente, se plantea que las acciones coordinadas entre distintos órdenes de gobierno en materia de seguridad pública, una vez que se hayan realizado, para no caer en el supuesto de que se trate de información sensible, se consideren como datos susceptibles de transparencia, debido a la importancia que tiene conocer las acciones desplegadas por los órdenes de gobierno en atención al principio constitucional de coordinación comprendido en el marco legal estatal, además de que ese criterio sí se encuentra presente en la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado.

Con la reforma que se propone en el presente instrumento, se complementarían los datos que la Ley marca como obligatorios respecto a las gestiones de los Ayuntamientos y el Ejecutivo del Estado en las materias de seguridad pública y de procuración de justicia.

La complementación se daría de dos formas: primeramente, se incluiría el ejercicio y destino de los fondos en materia de seguridad, con recursos propios, además de los de origen federal y, además, se contemplaría lo relacionado con la procuración de justicia, en este caso, en el alcance de las atribuciones del Ejecutivo Estatal, respecto a sus erogaciones y los objetivos de las mismas.

Podría contra argumentarse que existe información sensible que en materia de seguridad pública debe mantenerse con secrecía, pero ese no es el caso de ninguna manera, de los rubros a los que se dirige el gasto y mucho menos, los indicadores relacionados con los objetivos de las acciones que ya se llevaron a cabo y constituyen en todo caso un acervo y una memoria histórico-institucional, amén de los datos que permitirán corroborar el desempeño institucional en cada uno de los rubros que se planean, según se señala en la exposición de motivos de la iniciativa presentada.

La iniciativa del legislador se turnó a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública para su análisis correspondiente.