Alrededor de un 95 por ciento de funcionarios de un padrón global de 829, cumplieron con la entrega de sus declaraciones de modificación de situación patrimonial y de conflicto de interés correspondientes al ejercicio 2016, que por ley debieron de presentar ante la Auditoría Superior del Estado (ASE), antes del 31 de mayo.

El titular de esta dependencia, C.P.C., José de Jesús Martínez Loredo, dio a conocer que este año existió un padrón de 529 funcionarios públicos de los 58 municipios y 300 de la propia ASE obligados a presentar dichos documentos.

Explicó que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, obliga a presentar declaración patrimonial a los alcaldes, regidores, síndicos, secretarios, tesoreros, oficial mayor, contralor interno, servidores públicos con nivel de jefes de departamento y agentes de Policía y Tránsito en lo que corresponde al ambito de la administración pública municipal; mientras que en la ASE, se obliga al titular, coordinadores, jefes de departamento y auditores.

Con esta acción, la Auditoría Superior del Estado atiende a las facultades que por ley le fueron conferidas, en el sentido de recibir y analizar las declaraciones de situación patrimonial de los funcionarios municipales y propios, así como dar seguimiento a la evolución de la situación patrimonial de los mismos e imponer las sanciones en su caso, por el incumplimiento de dicha obligación.

Martínez Loredo, indicó que en virtud de ser el segundo año que los funcionarios públicos entregaron también el documento correspondiente a la declaración de conflicto de intereses, se presentaron algunos casos en que los sujetos obligados de la administración pública municipal omitieron la presentación de este formato, por lo que fue necesario duplicar su visita al organismo fiscalizador, para completar el procedimiento.

Por lo anterior, exhortó a los funcionarios obligados, para que a partir del próximo año realicen la entrega conjunta de sus declaraciones, y de esa manera no se vea afectada su agenda, sobre todo por el tiempo que invierten en trasladarse las personas de los municipios más alejados y las molestias que esto les ocasiona.

Cabe hacer mención, que el plazo para la entrega de las declaraciones venció a las 23:59 horas del pasado 31 de mayo y hasta esa hora estuvieron al pendiente funcionarios de la Auditoría Superior del Estado tanto del área de la Contraloría Interna como de Legalidad, para atender hasta el último servidor público.