Por Raúl Ruiz

Según datos de MÉXICO SOCIAL, San Luis Potosí se encuentra justamente a la mitad de la tabla en materia de corrupción, en el lugar 16.

El combate a la corrupción es el tema del momento.

La lucha permanente encabezada por Andrés Manuel López Obrador, comienza a permear entre la sociedad mexicana, y solo con la denuncia se puede ir «achatando» el problema.

Esta problemática ha sido igualmente abordada y visibilizada por numerosas organizaciones de la sociedad civil, académicos y expertos, los cuales han pugnado durante años por la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que está apenas en ciernes, pero avanzando.

Es mucho el esfuerzo, y a pesar de los avances en la materia, en México no se dispone todavía de una “medición oficial” de la corrupción, como ya ocurre con temas como la pobreza y la marginación.

Tomo como referente a México Social para apoyar mi columna porque son los únicos que se han propuesto construir el primer Índice Mexicano de Corrupción y Calidad Gubernamental.

Tratan cuatro tipos de datos: 1) los relativos a la corrupción general percibida en cada una de las entidades federativas, entendiendo a la prevalencia de corrupción como la suma de los porcentajes de personas que perciben a la corrupción como frecuente o muy frecuente en sus estados; 2) los relativos a la corrupción percibida en ámbitos institucionales específicos, tales como las comisiones de derechos humanos, los medios de comunicación, el sector empresarial, etc.; 3) los relativos a la calidad percibida del gobierno, y 4) los relativos al costo económico que tienen los delitos tanto para los hogares como para las empresas.

El espacio de Cartapacio sería insuficiente para denunciar tantas jugarretas que diariamente se tejen para sacar dividendos o lograr beneficios, contratos, licitaciones y otras variables en el mundo del dinero.

«El fin justifica los medios», recomienda maquiavelo en sus consejos para lograr los objetivos que uno se propone.

Y esta categoría es tomada como dogma para conseguir los beneficios, que se fijan los más avezados tiburones.

Actúan sin ápice de moral, derruyendo a su paso mercados, protocolos de compra y códigos dentológicos establecidos para la sana convivencia mercantil.

Sin ir más lejos, pondré por ejemplo la empresa ESDEL de seguros, que opera en San Luis Potosí y Querétaro.

Es un corporativo, que para conseguir sus contratos, corrompe a los gerentes de compras, recursos humanos, y funcionarios empresariales con poder de decisión, para colocar sus «promociones».

El caso al que me refiero, podría pasar inadvertido, o sin relevancia, pero resulta que el dueño de esta empresa, Jorge Escobar Delgado, trabaja encubierto bajo el presta nombres de su señora madre, Martha Leticia Delgado Aujang.

El perjuicio que generan a sus clientes con la adquisición de contratos a modo, es a primera vista, imperceptible, pero de entrada, pierde calidad el servicio que adquiere con ESDEL, porque les dan gato por liebre con el beneplácito de los empleados que se dejan corromper.

Adquirir un servicio poco confiable y chafa, cobijado por el favoritismo a través del nunca bien ponderado moche, es lo que arrastra a nuestro país al deterioro y la pérdida de competitividad.

La dirección oficial de ESDEL es, Blvd. El jacal, número 606, local 12, plaza Capri, col. El jacal, Querétaro.